La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), matriz de TV3 y Catalunya Ràdio, es lo opuesto a una sociedad mercantil corriente y moliente. Gracias a su condición de entidad pública, dispara con pólvora del rey. O sea, está unida al presupuesto catalán por un ubérrimo cordón umbilical. En semejantes circunstancias, la búsqueda de la eficiencia, la rentabilidad y la retribución de los accionistas son conceptos absolutamente desconocidos en la casa.

Componen la plantilla un sinnúmero de acreditados profesionales del periodismo, comenzando por su actual director Vicent Sanchis. Pero los destinos de la CCMA dependen en última instancia de los altos responsables políticos de la Generalitat. Ellos manejan en la sombra los hilos y de ellos emanan las directrices que gravitan sobre las parrillas diarias, sean los noticiarios, las series de ficción, los programas infantiles e incluso el parte del tiempo.

Toda sección es buena para divulgar las consignas que largan los portavoces del independentismo, en un remedo cada día más grosero del vetusto NO-DO franquista. Si ello ocurre en los programas ordinarios, el espectáculo en los debates políticos es de auténtica vergüenza ajena.

El nivel de agitación y propaganda de los medios públicos catalanes es de tal magnitud, que hasta los simpatizantes más fieles están ya hartos de comulgar con ruedas de molino y empiezan a desertar en masa. Así se explica que la televisión catalana obtenga, medición tras medición, los peores resultados de su historia.

TV3 y Catalunya Ràdio han engullido desde 1983 la friolera de 6.000 millones de euros, o sea, 1 billón redondo de pesetas, en subvenciones directas, a costa de los contribuyentes catalanes hasta el último céntimo

En tales circunstancias, la pretensión de que TV3 y Catalunya Ràdio obtengan beneficios es pedir peras al olmo. Así lo evidencian las cuentas del pasado ejercicio. La Corporació ingresó 67,5 millones por ventas, con mengua de 1,5 millones. Además, se embolsó casi 237 millones en subvenciones directas, más otros 9,4 millones de aportación del socio único, esto es, la Generalitat. El dispendio de más bulto lo acaparan las nóminas y seguros sociales de los 2.270 empleados, que engulleron 159 millones.

Por primera vez en la historia, la CCMA rubricó el ejercicio con un saldo positivo, cifrado en la homeopática suma de 118.500 euros, cuando un año antes perdió 10,9 millones. Pero poco duró la alegría. Una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al mastodonte a pagar algo más de 1 millón de euros a los trabajadores, por haberles recortado ilícitamente determinadas remuneraciones en años pasados. En consecuencia, el dichoso beneficio de 118.000 euros se ha trocado en una pérdida de 1,2 millones.

Asimismo, el fondo de maniobra muestra casi medio millón negativo, o dicho con otras palabras, los pagos a corto plazo superan los ingresos en dicha cantidad. Pero tal dato, que en una empresa normal encendería todas las señales de alarma, en el caso de la corporación carece de importancia, pues ésta siempre tiene a mano al Govern para cubrir las necesidades crematísticas que puedan emerger.

Sobre la compañía penden actas de Hacienda de 60 millones por el IVA de 2012 y 2013. El varapalo puede engordar más, ya que el fisco ha vuelto a inspeccionarla. La situación no se presenta demasiado clara, sino más bien bastante oscura, pues para prevenir males mayores la Generalitat ha librado a la corporación un aval por 75 millones.

Me he entretenido en analizar los balances de TV3 y Catalunya Ràdio desde su fundación. Si mi calculadora no yerra, ambos engendros han engullido desde 1983 la friolera de 6.000 millones de euros, o sea, 1 billón redondo de pesetas, en subvenciones directas, a costa de los contribuyentes catalanes hasta el último céntimo. En tal periodo, las dos firmas no arrojaron beneficio jamás. Por el contrario, encajaron unos estratosféricos quebrantos de 1.500 millones.

En resumen, si no hubieran existido TV3 y Catalunya Ràdio, cada uno de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña dispondría hoy de 800 euros en su cuenta corriente. Ese es el coste embalsado, en los 34 años de existencia de ambos medios, para cada uno de los ciudadanos de esta comunidad.