El imperio de la ley ¿para quién?

Después de tanto escucharlo, y de haberlo defendido a lo largo de 35 años, este principio “El Imperio de la Ley” se nos hace familiar y parece que sea parte de nuestras vidas, hasta lo hemos asumido, primero por creer en él y segundo porque en democracia no cabe un posicionamiento distinto para cada uno de nosotros, con independencia de lo que seamos cada uno.

La regeneración ha de empezar con ser consecuente con las normas y las leyes de las que nos hemos ido dotando, entre otras cosas, para combatir la desigualdad

Los viejos del lugar ya nos avisaban de que está bien, el tener un principio igualitario para todos, pero también nos avisaban de que el poder, en términos generales, venga de donde venga este, y aun manteniéndose en este discurso, lo pervertirían.

Mucho hemos hablado en estos últimos tiempos de regeneración democrática, ante la pandemia de la corrupción que afecta tanto a los partidos políticos, eso sí, a unos más que a otros, como al sector empresarial amén de sindicatos y otras instituciones.

La regeneración ha de empezar con ser consecuente con las normas y las leyes de las que nos hemos ido dotando, entre otras cosas, para combatir la desigualdad. Y como máximo exponente de estas la propia Constitución.

En España y sin que muchos ciudadanos lo hayamos aceptado, todos gobiernos, y hasta el más alto Tribunal, de hecho han sentenciado cuestiones como Constitucionales cuando todos hasta el más lego sabían que no era así, se han mantenido privilegios a todos luces contrarios a la Constitución.
En España tenemos una Constitución que no se rige por el discurso del bien o del mal, sino por el principio de legalidad, pues bien a pesar de ello, se han dado acuerdos sobre asuntos jurídicos, económicos, sobre enseñanza y cuestiones culturales manifiestamente contrarias al art. 16 de la Constitución.

En España tenemos una Constitución que no se rige por el discurso del bien o del mal, sino por el principio de legalidad

Estamos hablando del estatus que mantiene la Iglesia Católica en un Estado que proclama como uno de los bienes supremos el que todos somos iguales ante la Ley, ya tenemos la primera excepción a la regla del Estado de Derecho, que encima nos cuesta a los españoles más de 15.000 millones de Euros, sin tener en cuenta lo que percibe vía IRPF. Por otro lado la Iglesia no se recata en llevar sus tesis hasta el último extremo, amenazando al Estado de Derecho con sus tesis sobre la moralidad, como hemos visto en su intento de forzar la modificación de la Ley sobre el aborto. La relación Iglesia-Estado en este país sigue estando por encima del imperio de la Ley o si se quiere del espíritu Constitucional.

Más grave es la cuestión cuando una propia institución del Estado es la que se adentra en la penumbra de la ilegalidad. Así sucede cuando la Generalidad de Cataluña desoye las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o desobedece autos del Tribunal Constitucional, no solo los desobedece, sino que los reta, convocando consultas refrendarías prohibidas por el Ordenamiento jurídico, pretendiendo situarse así por encima del Estado de Derecho.

Ya sabemos que como todo nacionalismo, también el catalán, tiene una fuerte impronta religiosa, que algunas veces nos hace dudar si es religión o una ideología política, si son demócratas o yihadistas, será por eso que al igual que la Iglesia afirma el respeto a las leyes y al pluralismo político, luego tienen comportamientos que entran en contraposición con una sociedad libre y democrática.

El conjunto de la administración de Justicia, como poder en principio independiente, no puede ni debe dejar pasar por alto estas provocaciones que bien pudieran resultar conductas jurídico-penalmente relevantes. Así los hechos del pasado 9N podrían consistir en diversos delitos que irían desde la prevaricación a la desobediencia al más alto tribunal del Estado, pasando por las posibles coacciones y hasta la malversación de caudales públicos con los que se hubiera sufragado el acto.

Ya sabemos que como todo nacionalismo, también el catalán, tiene una fuerte impronta religiosa, que algunas veces nos hace dudar si es religión o una ideología política

El Gobierno del Estado Constitucional, en la defensa de la legalidad, no debe convertirse en parte del peligroso juego político lanzado desde el Gobierno de Artur Mas, y menos aún debiera acuartelar a una Fiscalía que ahora parece regida por el principio de oportunidad político. Creo necesario llegados a este punto que los ciudadanos de Cataluña así como los del resto de la Nación no nos sintamos desarropados en nuestra seguridad y en nuestra libertad por el Gobierno y por la Fiscalía. Es obligación del Presidente del Gobierno y de la Fiscalía General, no sólo investigar los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al 9N –nada más faltaría-, sino que una vez investigados ejerzan la acción penal oportuna encausando a los posibles autores de esa convocatoria ilegal. Eso sí, la Fiscalía no debe marcar los tiempos en función de devenir de los acontecimientos políticos. Debe sencillamente perseguir el delito, y poner en el menor tiempo posible los hechos ante el juez, de lo contrario estaríamos ante una flagrante inseguridad que acabaremos pagando todos.

De procederse así estaremos ante otra oportunidad de observar si el tercer poder es independiente, si sigue habiendo impunidad para determinados ciudadanos de posición privilegiada que una y otra vez se ríen del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica en la que los ciudadanos alcanzamos nuestra plena libertad.