Volkswagen, de rodillas: un juez de Valladolid le condena por el ‘diéselgate’

El Grupo Volkswagen asume la primera sentencia condenatoria en España por el caso diéselgate, el escándalo de la manipulación de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). Un juez de Valladolid ha estimado de forma parcial las reclamaciones del dueño de un vehículo afectado y le obliga a pagar 5.006 euros en concepto de daños y perjuicios, el 10% del valor del coche, un modelo Audi Q5.

No recupera la inversión para adquirir el vehículo porque considera que el denunciante lo usa con total normalidad. Más, cuando las alteraciones en las emisiones finalizarán tras la revisión gratuita que ofrece Volkswagen para retirar el software que provoca la alteración en las mediciones del NOx.

Pero el juez toca la cara al grupo en cuanto a la “actuación en masa que afecta a una generalidad de consumidores, que implica un engaño a las autoridades de control, que comporta la infracción de normas básicas del sector --la homologación previa-- y con incidencias sobre un bien público como es el medio ambiente”, indica la sentencia que avanza el diario Ara. El abogado del demandante, Carlos Martín Soria, del despacho de Valladolid Vidau Abogados, señala a este medio que "esta sentencia es pionera en España y sitúa por primera vez a los consumidores españoles a la altura de los consumidores de Estados Unidos, donde ante un problema como el presente, se ha alcanzado un acuerdo global judicial para la satisfacción de los afectados".

Volkswagen presentará recurso

Volkswagen recurrirá la sentencia. El litigio continuará en la Audiencia Provincial, donde la automovilística espera cambiar el sentido de la resolución, en línea a las otras cinco favorables a sus intereses que ha conseguido hasta la fecha en España.

El principal peligro es que la resolución sentara un precedente para otros juzgados de España que deben resolver las demandas individuales de clientes contra la compañía así como el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional que imputa los delitos de defraudación que causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente a la automovilística.