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Mariano Rajoy apoyó -y sigue apoyando- al polémico Wert hasta el último momento. /EFE

Wert sigue vivo y coleando

La ‘no investidura’ obliga a seguir desplegando la polémica reforma educativa con la espada de Damocles de las anacrónicas reválidas

Antonio M. Yagüe
5 min

El exministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene razones para frotarse las manos desde su retiro dorado y nido de amor en París, junto a su amada, la exsecretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio.

Ambos con alto cargo en la OCDE y sueldazos públicos de 10.000 euros mensuales, un regalo nupcial de Mariano Rajoy. Mientras llega un nuevo Ejecutivo, su polémica Lomce sigue viva y desplegándose en medio de un caos académico y jurídico, que subleva a autonomías, sindicatos, estudiantes y mundo educativo en general.

En cualquier caso, las fases de la ley ya implantadas, las que afectan a toda la primaria y a los cursos impares de secundaria y bachillerato, se mantendrán de momento y durante tiempo, porque de lo contrario se produciría un vacío legal.

Mociones y subterfugios

Toda la oposición, con la abstención de C’s, ha iniciado mociones y otros pasos parlamentarios para inactivar la séptima ley educativa de la democracia aprobada en diciembre de 2013 con el único voto del PP. Pero su efecto es puramente testimonial, si no hay un nuevo Ejecutivo pronto, algo improbable, y con mayoría suficiente para desactivar lo que pueda y tratar de consensuar una nueva.

En cualquier caso, le llevaría su tiempo al tratarse de una ley orgánica. La realidad es que la Lomce sigue en marcha mientras Cataluña y otras comunidades se resisten a aplicarla y buscan subterfugios, bien por oposición a su filosofía o para evitar el desgaste de ponerla en funcionamiento.

Obligado cumplimiento

En el permanente periodo electoral que atravesamos, el sucesor del controvertido Wert, Iñigo Méndez de Vigo, ha dado un ligero  golpe de timón a la política educativa. Al menos ha maquillado con diálogo una ley inaceptable para la izquierda, por considerar que acentúa la desigualdad, elimina la Educación para la Ciudadanía, recupera la Religión con valor para la nota media y nos devuelve a la etapa franquista.

Pero el ministro con más pedigrí de nobleza de todo el Ejecutivo ha dejado claro que las “leyes están para cumplirlas” y que con la entrada del curso 2016/2017 la Lomce seguirá su marcha hasta la aplicación total. Y también una serie de reválidas en secundaria, consideradas por los pedagogos y docentes como un “anacronismo pedagógico” y que tienen en vilo a profesores, padres y alumnos ante la incertidumbre de las pruebas.

La prueba de fuego en primaria

La primera “prueba externa”,  y de fuego, está a la vuelta de la esquina. Deberá practicarse en mayo. Costará al Gobierno 1,5 millones de euros. Solo podría evitarse si el PSOE logra formar gobierno y la pospone, según expertos jurídicos, con un decreto trampa en el que estableciera que la prueba la pueden hacer este año las comunidades “de forma voluntaria”.

Se trata de la evaluación final de 6º de primaria que deben hacer por primera vez a final de curso 481.375 alumnos de 12 años. Solo cinco comunidades que mantienen gobierno del PP defienden que se celebre y han dado instrucciones claras para ello. En el resto no está tan claro. Nueve, con Andalucía a la cabeza, se oponen por considerarla “claramente innecesaria, inoportuna e impuesta", como dijo su consejera de Educación, Adelaida de la Calle.

La Generalitat catalana asegura que mantendrá su propia prueba que viene realizando dese 2008 y como correspondería a un país en período de desconexión de España. En el País Vasco aún están diseñando cómo lo harán, mientras ultiman su propia ley de Educación. En cualquier caso, el Ministerio de Educación en funciones “no tiene constancia, en estos momentos, de la negativa por parte de ninguna comunidad a realizar la prueba”.

Reválidas serias

La incógnita, aunque el tiempo corre en contra de la oposición, se cierne sobre las siguientes reválidas de la ESO (16 años) y Bachillerato (19 años). Estas dos pruebas sí que son serias, porque si el alumno las suspende, no puede seguir estudiando. El Ejecutivo de Rajoy no ha aprobado todavía la normativa que las regula, pero la tiene a punto.

Los rectores han pedido al ministro que sea lo más parecido a la actual selectividad y que se olvide de las 350 preguntas tipo test, a modo del examen para el permiso de conducir, que propuso el excéntrico Wert. Tampoco está claro qué ocurrirá con los alumnos que suspendan.