Las VTC anuncian una lluvia de consecuencias "penales" sobre el Govern

Las VTC vuelven a la carga contra el Decreto ley que pretende imponer la Generalitat de Cataluña para regular su actividad frente a la del sector del taxi. La patronal de vehículos de transporte con conductor Unauto se ha puesto en contacto con el Govern de Quim Torra para alertarle de la "gravísima vulneración del Estado de Derecho" que supone la normativa. Además, en las misivas que ha enviado a varios miembros del gobierno catalán de forma personalizada apunta que tendrán que hacer frente los recursos que impongan y a las "responsabilidades personales --administrativas y penales--" que de deriven de esta decisión normativa. 

Unauto ha dirigido estas cartas tanto a cargos políticos, pero también a altos directivos de la Generalitat. Algunos de los que han recibido el escrito han sido el president Torra; la consejera de Presidencia, Elsa Artadi; los consejeros de Economía y de Territorio y Sostenibilidad, Pere Aragonès y Damià Calvet y el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Gavín (dependiente de la consejería de Calvet), entre otros.

En contra de lo legal

La patronal de empresas como Uber y Cabify se muestra convencida de que el equipo de Torra está actuando "manifiestamente en contra de la legalidad vigente", ya que ha recibido (y desoído, tal como indica el diario El Mundo) las indicaciones de la Agencia Catalana de la Competencia (ACCO) al respecto. Esta razón en la que sustenta que se le puedan pedir responsabilidades que alcancen el ámbito penal.

Las medidas que impone la normativa --entre ellas, una precontratación de servicios VTC de 15 minutos-- "constituyen, con toda evidencia, una confiscación de bienes" por parte del Govern. Lo que incurre, según ha notificado Unauto, en una privación a los titulares del "derecho de su valor patrimonial, prescindiendo completamente del procedimiento establecido y sin prever compensación económica de ningún tipo, lo que supone una gravísima vulneración del Estado de Derecho".

"Quebranto económico" a las arcas locales y autonómicas

Las VTC vuelven a recordar al Govern que esta regulación dejará sin trabajo a 4.000 personas y que, como consecuencia, tendrán que hacer frente a las indemnizaciones consecuentes (de unos 1.000 millones de euros, según un estudio de EY). Y apuntan, además, que causa un "quebranto económico evitable" a los fondos económicos de las autonomías y las localidades.

"Si la Generalitat, junto a las personas a quienes las presentes comunicaciones se envían de forma individualizada, legisla manifiestamente en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales desconsiderando las recomendaciones de la CNMC y la propia Agencia Catalana de la Competencia y causando un quebranto económico evitable a las Haciendas autonómica y local, deberán hacer frente ya no sólo a los recursos que con toda certeza se formalizarán frente a estas normas o sus actos aplicativos, sino a las responsabilidades personales -administrativas y penales- que se exigirán a aquellos empleados públicos que intervengan en el dictado de normas que sean abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico".