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Vista aérea del Hospital Universitario Son Espases / CG

Nuevos testigos desvinculan a OHL y a Villar Mir de las irregularidades de Son Espases

Los miembros de la mesa de valoración niegan que recibieran presión política alguna

14.03.2017 19:38 h.
6 min

Las investigaciones en torno a la adjudicación presuntamente irregular del hospital balear de Son Espases parecen no tener fin. A pesar de que, por momentos, las pesquisas dieran la impresión de languidecer, el juez José Castro rastrea entre interrogatorios posibles nuevos datos sobre el papel que tuvo en el proceso la constructora OHL y, principalmente, su expresidente y máximo accionista, el exministro Juan Miguel Villar Mir.

Entre ayer y hoy, hasta siete personas han desfilado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuya titularidad ostenta Castro. Entre ellas el propio Villar Mir, quien había solicitado declarar de forma voluntaria y este lunes compareció desde Madrid por videoconferencia. El resto, testigos, ha sido interpelado este martes. Entre ellos, tres ingenieros de caminos que participaron en la valoración de las distintas ofertas y que han asegurado que en ningún momento recibieron presión política alguna.

Ninguna presión desde el Gobierno balear

Según han informado fuentes de la causa a Crónica Global, durante su declaración los ingenieros Carlos Ribas, Miguel Femenías y Víctor Rubira han defendido los criterios técnicos que emplearon a la hora de fijar qué propuesta era mejor. Y lo hicieron sin recibir ninguna instrucción, tal y como han insistido en su comparecencia, respaldando los sistemas de valoración que utilizaron.

La empresa Global PM calificó la oferta de OHL como la mejor, tanto en el apartado técnico como en el económico. La filtración en prensa de este hecho, sin embago, llevó a la mesa de contratación a solicitar a los Colegios Oficiales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Economistas que también valorasen las propuestas, tras lo cual OHL resultó desbancada y el concurso fue finalmente otorgado, a finales de 2006, a la UTE liderada por Dragados --filial de ACS-- y FCC por un total de 635 millones de euros públicos.

También el que fue ese año viceinterventor de la Comunidad Autónoma y miembro de la mesa de contratación, José Amengual, ha asegurado que desde el Govern, presidido entonces por Jaume Matas, nadie presionó para que el proceso se decantase a favor de una u otra oferta.

Tesis de la Fiscalía

Unos alegatos que contrastan con la tesis mantenida por la Fiscalía Anticorrupción, que apunta en su querella a la "falsa apariencia de corrección y pulcritud" del proceso de adjudicación "bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias". El Ministerio Público es tajante. Según la denuncia, la concesión supuestamente irregular de estas obras es el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

Quienes también han sido inquiridos por Castro han sido los directivos de OHL Rafael Martín y Joaquín Gonzalo. Ambos han asegurado ante el juez que Villar Mir no tuvo ningún tipo de intervención en el proceso y que lo más habitual en esa época era que la constructora se presentase a todos los concursos de obra pública que se convocaban.

De hecho, el exministro volvió este lunes a desvincularse de los hechos y a recriminar que desconoce las imputaciones concretas que pesan sobre él. Anteriormente, también se había quejado al respecto. En su día reprochó a los investigadores que buscasen "lo que no existe", un supuesto comportamiento "criminal" por parte de Villar Mir al que nadie ha hecho referencia durante las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía ni, posteriormente, cuando las pesquisas pasaron manos del juez Castro.

Vinculación con la sede nacional del PP

Las pesquisas quedan a la espera de nuevas decisiones del magistrado, quien además tiene en sus manos una línea de investigación que se encuentra bajo secreto y que vincula la adjudicación de Son Espases con la reforma de la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid.

La pretensión del juez pasa por averiguar si los trabajos realizados en el inmueble de los populares fueron pagados por un precio menor al que correspondía, o incluso si el PP no tuvo que abonar nada por ellos, siempre que los empresarios que intervinieron en los mismos pudieran obtener tajada en la adjudicación de Son Espases.

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