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El edificio más antiguo del barrio del Eixample de Barcelona fue catalogado por el Ayuntamiento como protegido por lo que el símbolo de la okupación en forma de graffiti permanece / CG

Un servicio de vigilancia 24 horas para evitar la okupación en Barcelona

Una inmobiliaria ofrece a los propietarios un guardián que 'cuida' de los apartamentos destinados al alquiler y la venta hasta que se entregan las llaves al inquilino

5 min

La ocupación ilegal continúa siendo uno de los grandes problemas en Barcelona.

Las inmobiliarias se tiran de los pelos cuando los okupas invaden sin mayores problemas los domicilios que tienen disponibles para el alquiler o la venta.

Actualmente hay 1.000 pisos okupados de manera ilegal en la ciudad. Un fenómeno que cada vez va a más y que “si el poder político no lo frena” será “imposible de combatir”. De esta forma se expresa Darío Fontseré, director ejecutivo de Fincas Calvet.

Pisos okupados cerca el Parc Güell en Barcelona con el lema 'Okupa y resiste'

Pisos okupados cerca el Parc Güell en Barcelona con el lema 'Okupa y resiste'

Las zonas más afectadas por estas invasiones son Sant Andreu, Nou Barris, Poble Sec, Sants y Ciutat Vella. Coinciden también con las áreas más humildes de la capital catalana.

Un sistema de control 24 horas

La inmobiliaria, que gestiona viviendas por toda Barcelona, ha incluido en su cartera de servicios una nueva oferta de control 24 horas sin el uso de sistemas tecnológicos.

Fincas Calvet apuesta por un método tradicional: poner vigilancia en las casas para evitar la okupación directa. “Preferimos tener a una persona y pagarle 300 euros que ver cómo nos destrozan los inmuebles”, explica el directivo a Crónica Global.

Estas personas “cuidan” el apartamento mientras se cierra el alquiler o la venta. “Tenemos que rebajar los precios, porque queremos que se alquilen rápido”.

Una puerta tapiada para evitar asaltos

Una puerta tapiada para evitar asaltos

Entre 10 y 15 días

Los vigilantes suelen estar entre 10 y 15 días en estos domicilios hasta que “se entregan las llaves”. Los agentes inmobiliarios acompañan al inquilino a su nueva morada, y en este momento acaba la supervisión.

Como indica Fontseré, la propia empresa es la que toma la decisión de prestar vigilancia a estos pisos. Entre 25 y 30 domicilios ya se han protegido por toda la ciudad con este sistema.

"No siempre hay especulación"

Y recuerda que la mayoría de los arrendatarios son personas humildes, "de entre 50 y 60 años", que “para nada tienen fines especulativos”.

“Muchas veces se relaciona que una persona alquile un piso con ser rico, eso no es así”, lamenta Fontseré, quien afirma que muchos de estos inquilinos usan el alquiler como "un refuerzo a sus nóminas o pensiones".

La inmobiliaria tiene en estos momentos un edificio okupado en Sant Andreu. Quieren que los okupas abandonen el lugar, mientras esperan “que el poder político tome cartas en el asunto, porque la policía poco puede hacer”.

Piden ayuda al Gobierno y a la Generalitat

Algunos alcaldes de las ciudades cercanas a la capital catalana han pedido la colaboración de la Generalitat y del Gobierno central para pelear contra las mafias que hacen negocio con las okupaciones y atajar los quebraderos de cabeza que suponen.

Varios municipios del área metropolitana de Barcelona --a su vez los más afectados por esta situación-- se han unido para pedir un pacto nacional por el derecho de la vivienda.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamó ayer en su entrevista con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna “que se regule el precio de los alquileres porque son abusivos”.

De la Serna y Colau en el Ayuntamiento para tratar entre varios temas, el precio de los pisos

Íñigo De la Serna y Ada Colau en el Ayuntamiento 

De la Serna no cede

Tras una reunión de dos horas que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona, De la Serna aseguró que “no habrá ninguna intervención pública” sobre la limitación de los precios de la vivienda “al menos de momento”. Un hecho que los alcaldes consideran "vital" para dinamizar el uso de viviendas sociales antes de que sean okupadas.

Los munícipes de Barcelona, Badalona, Terrasa, Sabadell, L’Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma también se han conjurado para exigir a la Generalitat “una normativa catalana contra las ocupaciones ilegales”, que sea capaz de distinguir entre mafias y situaciones de vulnerabilidad.

Según los alcaldes, estas acciones también serían positivas para "el trabajo" de los Mossos d’Esquadra, puesto que les ayudaría “a investigar a las mafias con detenimiento”.