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El juez instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aquirre, que instruye la Operación Macedonia

Un juez de Barcelona tarda 14 meses en inadmitir una denuncia

Asociaciones judiciales y el Colegio de Abogados consideran "injustificado y alarmante" que un magistrado invierta tanto tiempo en resolver si admite o no la denuncia de un ciudadano

Redacción
4 min

Las asociaciones judiciales y el Colegio de Abogados de Barcelona han calificado de "injustificado y alarmante" el retraso del juez de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, al dictar el auto que inadmite una denuncia presentada hace 14 meses por un mosso d'esquadra en la que acusa a la División de Asuntos Internos de la policía autonómica (DAI) de prevaricación.

El denunciante es el subinspector Josep Ranea, investigado por Aguirre desde hace seis años en el llamado caso Macedonia, un enmarañado asunto de supuesta corrupción policial y narcotráfico. Este agente fue detenido en base a unas escuchas telefónicas realizadas por la DAI que le relacionaban con presuntos delincuentes.

Culpable a la fuerza

Ranea presentó ante el juez el 10 de mayo de 2013 una petición para que el magistrado pudiera escuchar no solo los fragmentos sesgados que le presentaron los agentes de asuntos internos (que inicialmente llevaron el caso capitaneados por el defenestrado inspector Jordi Moya) sino otros fragmentos anteriores y posteriores de las grabaciones policiales que indubitadamente demostraban su inocencia.

Según la denuncia, estos fragmentos no se aportaron a la causa deliberadamente porque demostraban la no culpabilidad de Ranea y desmoronaban la investigación previa.

425 días para resolver

La defensa asegura que el juez Aguirre no movió ni un dedo sobre ese particular (ni siquiera para inadmitir la petición). Por ello, meses después y ante el temor de que la inacción judicial condujese a la prescripción de las eventuales conductas punibles de los miembros de la DAI, Ranea decidió presentar la citada denuncia ante el propio juez. Fue el 25 de marzo de 2015.

Así, han trascurrido 425 días hasta que el pasado 24 de mayo Aguirre firmaba, por fin, el auto relativo a la denuncia presentada. En este caso, una resolución de tres páginas en la que no se hace mención a los motivos de la tardanza y en la que, finalmente, inadmite la denuncia alegando que no ha lugar porque los hechos descritos no son constitutivos de delito.

Recordatorios al juez

Fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global explican que en alguna ocasión la sobrecarga de papel que sufren las oficinas judiciales provoca el extravío de documentos, incluidas algunas denuncias y autos.

Sin embargo, no parece ser este el caso ni el motivo del retraso al que se refiere este caso, ya que los abogados del denunciante, a medida que pasaban los meses y al ver que el juez no resolvía, le presentaron hasta dos recordatorios (uno el 27 de julio de 2015 y otro el 24 de noviembre de 2015) que, según el Colegio de Procuradores, fueron presentados en el juzgado de Aguirre con el correspondiente número de registro y que estaban sobre la mesa del juez.

Denuncia sencilla

La mismas fuentes añaden que la presente denuncia por prevaricación no es en absoluto una denuncia compleja desde el punto de vista técnico-jurídico, cuestión que hubiera podido justificar una ligera tardanza en el pronunciamiento del juez.

Los abogados del mosso d'esquadra presentarán recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona solicitando que se admita a trámite esa denuncia y que se dé traslado al Ministerio Fiscal para el análisis de aquellos fragmentos de las intervenciones telefónicas que Aguirre considera que no se han de someter a debate jurídico.

Precisamente, la sala 21 de la Audiencia Provincial requirió al juez en un auto fechado el 12 de marzo de 2015 para que fuera cerrando la causa de cara a evitar dilaciones indebidas.