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El expresidete de la Generalitat Jordi Pujol y el expresidente del Barça Sandro Rosell / FOTOMONTAJE CG

Sin dinero negro… ¿puede existir blanqueo?

La ausencia de delito 'antecedente' puede desactivar algunas de las principales causas por corrupción vinculadas con paraísos fiscales

20.07.2017 00:00 h.
7 min

Para que exista blanqueo de dinero, primero ha de existir dinero negro procedente de alguna actividad delictiva. Para que una actuación sospechosa se considere blanqueo de capitales se tiene que acreditar que el dinero canalizado, por ejemplo, hacia cuentas en un paraíso fiscal, proceda de una previa actividad delictiva. No vale sólo con acreditar el delito fiscal de aquellos que, eludiendo sus responsabilidades con el fisco español, han escondido su dinero no declarado (no necesariamente procedente de delito) en bancos foráneo. El caso andorrano es, en este sentido, paradigmático y está de candente actualidad.

No hay delito… fiscal

En el país de los Pirineos, el delito fiscal no existe, por ese motivo, hasta en dos ocasiones, la justicia de aquel país se negó a cumplimentar la comisión rogatoria solicitada por la juez de Barcelona que investigó durante meses la famosa herencia del expresident Pujol. La fiscalía andorrana insistía: “Si no nos explican el delito antecedente, no contemplamos el posible delito de blanqueo”. Para la fiscalía española el delito antecedente se situaba (y se sitúa) en la corrupción política. Pero eso no sólo hay que suponerlo o manifestarlo, sino que hay que probarlo como base sobre las que sustentar las consiguientes etapas procesales, si no el castillo de naipes se desmoronará.

¿Comisiones ilegales?

Lo mismo sucede en el caso Rosell. Se acusa al expresidente del Barça de blanqueo de capitales. Pero, ¿de dónde sale el dinero negro maquillado en Andorra por la supuesta trama que dirigía Rosell? Según la fiscalía española, ese dinero sucio procede de comisiones ilegales. ¿Qué son comisiones ilegales?, se preguntan de forma retórica algunos abogados expertos en delito fiscal. ¿Las intermediaciones remuneradas que se establecen entre particulares?, esgrimen con idéntica ironía.

Con la ley en la mano, esa intermediación no es delito salvo que haya un perjudicado. Una cosa es pillar tajada en la otorgación de un contrato u obra pública y otra, bien distinta, intermediar en negocios entre particulares. Eso es lo que gritan Rosell y el resto de imputados. Es más, adjuntan documentos del organismo (particular) presuntamente escamoteado (la Confederación Brasileña de Fútbol), en el que éste asevera que no se siente perjudicado por la trama Rosell. No hay perjudicado, no hay dinero público… ¿dónde está la ilegalidad?, se preguntan la fuentes jurídicas consultadas.

El fondo y la forma

La ilegalidad radica, quizá, en el hecho de que esas comisiones no se hayan declarado a Hacienda o no se haya hecho en tiempo y forma. Eso es delito en España, sí, pero esa ilicitud no alcanza al blanqueo. Se trata, en todo caso, de delito fiscal, un delito cuyos autores, nos guste o no, tienen el recurso de acogerse a las variopintas regularizaciones que posibilita el magnánimo ordenamiento tributario español.

Un magistrado de la Audiencia de Barcelona comentaba a Crónica Global que “Rosell falla en las formas, efectivamente, pero si no se demuestra que el dinero blanqueado procede de algún ilícito penal, no se le podrá aplicar el delito de blanqueo, que es un delito grave”. El fiscal mira para otro lado en una especie de huida hacia adelante, mientras dos de los imputados (Rosell y Besolí) están presos, contrariados y a la expectativa de lo que aquí y allá van arañando la Policía y la Guardia Civil.

BPA, la caja de los truenos

Lo que se ha movido ya es el caso BPA, esa trama internacional de blanqueo que acabó con la intervención del banco y la reclusión de Joan Pau Miquel, el director general de la entidad.

El fiscal andorrano se las va a ver y se las va a desear para mantener los cargos de blanqueo si no acredita que el dinero ingresado en la entidad por Gao Ping y otros —imputados en la Operación Emperador— procede de algo más que de la pillería de un evasor fiscal que compraba y vendía mercancía sin factura. En este sentido, los fiscales andorranos confían en los datos e incriminaciones que aporte ese sumario que se instruye en España, en el que está imputado Ping y, entre los que destaca el comisionista Rafael Pallardó, personaje que condujo a la fiscalía andorrana hacia la antigua cúpula de BPA. En este caso, el delito antecedente sería el de la corrupción de policías y empresarios cuyas ganancias Gao Ping, Pallardó y compañía llevaron de escondidas a Andorra. Veremos si pueden acreditarlo.

Emperador en Andorra

El presidente del Tribunal de Corts que en enero juzgará el caso, Josep María Pijuan, de momento y contrariamente al criterio de la juez instructora, quiere leerse de cabo a rabo el sumario Emperador. Y lo ha pedido formalmente a la Audiencia Nacional. Buscará, sin duda, el dichoso delito antecedente. Si no aparece, no habrá caso y sí un ridículo monumental.

Algunas fuentes jurídicas sugieren que la fiscalía debería apuntalar más y mejor las indagaciones preliminares y no saltar, de dos en dos, los escalones que componen una investigación que se pretende irrefutable. Según ese mismo magistrado de la audiencia, “conviene recordar que el cohecho (soborno) lo comete el que otorga la obra pública y el que paga la mordida”, y el que paga nunca denunciará por razones obvias.