Segunda condena a 'La Manada' por delitos sexuales

Cuatro de los cinco miembros que componen La Manada han sido condenados a año y medio de prisión por abuso sexual a una joven de 21 años de Pozoblanco (Córdoba) y a un año y cuatro meses por un delito contra la intimidad, por grabarlo en vídeo. Además, uno de los componentes, el Prenda, eleva 3 años más su pena por ser quien compartió el vídeo en dos grupos de WhatsApp.

La clave del juicio estaba en conocer si el juez aceptaba como prueba las imágenes grabadas, las cuales la defensa del grupo aseguraba que habían sido obtenidas ilícitamente por la policía. Finalmente, una vez admitidas, el magistrado ha decretado la segunda condena por delito sexual perpetrado por el grupo de jóvenes.

Segunda condena por delito sexual

Los conocidos como La Manada de Pamplona, condenados a 15 años de prisión por la violación en grupo a una chica en San Fermín, conocerán la sentencia por el llamado caso de Pozoblanco. Concretamente, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero conocerán la sentencia del juicio que tuvo lugar en noviembre de 2019.

Sus respectivas condenas aumentarán 18 meses más, no los seis años que pedía Fiscalía, aunque pueden cambiar si se presenta un recurso. Algo que, previsiblemente, se hará. Los cuatro, de forma conjunta y solidaria, deberán indemnizar a la víctima con 13.000 euros y Cabezuelo, además, deberá pagar una multa por maltrato debido a las lesiones que ocasionó a la joven.

La validez del vídeo, la clave

Cuando los miembros fueron detenidos en Navarra, la policía foral analizó sus teléfonos. Fue entonces cuando encontraron el vídeo en el móvil del Prenda, en el que también salían Escudero --el peluquero--, Cabezuelo --el exmilitar-- y Guerrero --el exguardia civil-- en un coche junto a una joven inconsciente a la que, según la sentencia, “tocaban un pecho mientras se reían”. Vídeo que el mismo poseedor había compartido en dos grupos de WhatsApp.

Por ello, la defensa de La Manada defendía que las imágenes habían sido obtenidas por la policía de forma ilícita y pedía que no se aceptara como prueba. Sin embargo, las acusaciones sostenían que sí se podía hacer una prospección genérica y completa del aparato, teoría que terminó aceptando el juez.