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Joan Jaume Oms, presidente de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya / CG

Guerra política en GISA

El juicio laboral del exdirector de Infraestructuras evidencia la pugna entre ERC y CDC

3 min

¿A Josep Antoni Rosell, ex director general de la empresa pública GISA, se le despidió a principios del año pasado por su imputación en el caso 3% o porque no era de la cuerda política del vicepresidente económico, Oriol Junqueras?

Rosell ha demandado a la empresa Infraestructuras de Cataluña --antes GISA--. Dice que su despido fue ilegal y que estuvo precedido de una campaña de mobbing contra él.

El Juzgado de lo Social número 14 de Barcelona (cuya magistrada no permitió a la prensa hacer fotografías) celebró ayer, 27 de marzo, el juicio por el que Rosell pide que se declare nulo su despido y solicita una indemnización de 320.000 euros por los daños morales sufridos.

Despido político

En el juicio compareció el actual presidente de la empresa, Joan Jaume i Oms, quien reconoció que Rosell fue despedido por falta de confianza política en él. La abogada de la antigua GISA lo repitió en varias ocasiones para justificar que esa deposición del cargo nada tuvo que ver con su imputación por el caso 3%.

Rosell, en su demanda, habla de que los nuevos mandatarios de Infraestructuras no han respetado su presunción de inocencia y que se han aprovechado de esa imputación para sacarlo de la empresa.

Los trabajadores en su contra

El juicio evidenció que a Rosell se la tienen jurada algunos empleados de la empresa, especialmente varios miembros del comité de trabajadores que tuvieron que vérselas con él en la negociación de los ERE que llevaron a cabo en 2011, 2012 y 2013.

Uno de ellos, quien fuera el presidente del comité de trabajadores, declaró a petición del nuevo presidente de la empresa y reiteró que Rosell era un cargo de alta dirección política: “Por lo tanto, no es preceptiva indemnización alguna”.

Rosell, insiste en que era un contratado laboral con rango de director general.

Confianza política

El exdirector de la antigua GISA denunció mobbing a finales del 2015 y el nuevo presidente, a preguntas de la magistrada, reconoció que no activó el protocolo de investigación. Sí, por el contario, ordenó una indagación interna sobre el supuesto papel irregular de Rosell en el caso del 3%.

Joan Jaume i Oms es el hombre de Junqueras en el principal escaparate de contratación pública de la Generalitat, mientras que a Rosell se le sitúa en la órbita militante de CDC.