Oleguer Pujol, en su llegada a la Audiencia Nacional / EFE
Reprimenda del juez a la Fiscalía Anticorrupción por el caso Oleguer
De la Mata mantiene abierta la investigación, pero ve extemporáneo recluir al imputado al haber regularizado éste su situación fiscal
12 enero, 2017 19:12La supuesta operación de blanqueo de dos millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Oleguer Pujol carece de fundamentación jurídica, según la defensa del imputado. Esta tesis se encuentra en consonancia con lo expresado este jueves en el auto de libertad dictado por el juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata.
La fiscalía ha mostrado durante la declaración una carta, cuya procedencia no ha sabido explicar, según la cual el pequeño de los Pujol habría intentado blanquear dos millones de euros a través de la compra de deuda pública. No obstante, según el juez, esta operación se realizó a través del Banco de España, lo que aporta garantías de su transparencia.
Estas revelaciones se producen después de que el magistrado haya ordenado la retirada del pasaporte de Oleguer Pujol --hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol-- y su comparecencia cada quince días en el juzgado.
Tras tomarle declaración durante cuatro horas, el magistrado ha decidido matener la imputación del benjamín del clan Pujol por un delito de blanqueo de millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Santander 2007.
Sin embargo, el juez ha desestimado la demanda de la Fiscalía, que había solicitado prisión preventiva sin fianza para evitar la continuación del delito y atajar las "maniobras de opacidad" detectadas.
Evitar que continúe con el blanqueo
Según los fiscales del caso, su ingreso el cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva. En concreto, el fiscal José Grinda ha reseñado que las millonarias cantidades obtenidas en la operación de las oficinas bancarias fueron depositadas por Oleguer en una cuenta de Miami, después de que bancos españoles como La Caixa rechazaran ingresarlas.
La Abogacía del Estado y Podemos --personado en la causa como acusación popular-- no se han adherido a la petición del Ministerio Público.
