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Un trabajador con minusvalía, en pleno turno en un centro especial de trabajo (CET) / CG

Recorte encubierto de la Generalitat a los centros de discapacitados

La consejera de Trabajo, Dolors Bassa, cesa parte de las ayudas a 207 centros y lo camufla con un "acuerdo marco"

16.07.2017 00:00 h.
6 min

Recorte encubierto de la Generalitat a la inserción laboral de las personas discapacitadas. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa (ERC), ha cortado parte de las subvenciones a 207 centros especiales de trabajo (CET), y lo ha camuflado con un gran "acuerdo marco con el sector".

El hachazo consiste en dejar de pagar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 5.649 empleados con minusvalías leves. Además, Trabajo también racanea el pago de la llamada USAP, el dinero extra que perciben los empleados con estas dificultades.

El tijeretazo llega disfrazado de un "acuerdo marco" con el sector que blinda las ayudas para los trabajadores catalanes con gran discapacidad. Sin embargo, fulmina los pagos a empleados con minusvalías menores.

"Recorte disfrazado"

El recorte se ha acometido con precisión quirúrgica. La patronal mayoritaria de la inclusión laboral en Cataluña, Fecetc, denunció el jueves en una nota pública que los 207 CET del territorio llevaban desde enero sin recibir las ayudas del 50% del SMI y los pagos de las USAP para sus 15.150 trabajadores.

"Peligra la continuidad de muchos centros. Las tensiones de tesorería son brutales. Muchos ya no han podido pagar la extra de verano y quizá tampoco podrán abonar la nómina de julio", explica Miquel Vidal, gerente de Fecetc.

Ello se producía, denunció la organización, por la voluntad de forzarles a aceptar menos ayudas. "Buscan pagar el 50% del SMI sólo a los trabajadores con gran discapacidad (9.501) y reducir al 25% o incluso dejar de abonar la nómina al resto (5.649)".

"El personal con minusvalías leves tampoco lo tiene fácil para encontrar empleo. ¿Crees que un empresario contrataría a alguien con una mano atrofiada o una cojera severa? Se irán al paro", pregunta el directivo.

Trabajo recorta y lo 'vende'

El viernes, la consejería reaccionó a la denuncia de Fecetc y anunció un "acuerdo marco con el sector" para aumentar las ayudas. Esta fue la respuesta que dio el departamento de Dolors Bassa a preguntas de Crónica Global sobre el conflicto.

La entente, firmada sólo con la parte social, anuncia un aumento de las subvenciones de la Generalitat de 68 a 80 millones de euros para los 15.150 empleados de los CET.

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Dolors Bassa (ERC), consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias / EFE

Entre líneas, la entente orilla a las patronales Fecetc y Feacem. También disfraza el recorte de ayudas para los 5.649 empleados con minusvalías leves.

"Estamos muy decepcionados con Trabajo. Es una maniobra para imponer un tijeretazo que planeaban desde enero", ha agregado Vidal.

¿Cómo afecta?

El cierre del grifo de los fondos de la Consejería de Trabajo está asfixiando a los centros de inclusión laboral. Uno de ellos es Laborem Dertura, ubicado en Tortosa (Tarragona), que emplea a unas 60 personas.

"No podemos pagar a los proveedores. Vamos al banco y nos dicen que tenemos un rating de alto riesgo. Las nóminas las abonamos a duras penas. Nunca en 30 años había visto algo igual", se queja Jaume Graus, portavoz de esta planta de manipulación de alimentos.

"Los CET son imprescindibles para la economía. Explicado sin ambages, una persona con una minusvalía leve o severa es mucho más cara de mantener en el paro que en un centro de trabajo, donde se gana su sueldo y es autónoma".

"Ya se 'cargaron' ayudas"

Otra de los afectadas es la Fundación Mar Pi, con sede en Pineda de Mar (Barcelona). José Antonio Camillas, responsable del centro de trabajo, tira de hemeroteca para aportar contexto.

"Los centros especiales de trabajo ya perdimos las ayudas por creación de puestos de trabajo en el pasado. Los que hay ahora son meramente para conservación de empleo", recuerda.

Esta entidad alerta de que la estrategia de presión de no pagar las ayudas de enero a julio "la ha puesto al límite". Hasta el punto, sostiene, de que "no puede pagar la comida de la cantina del espacio".

Arranca una batalla judicial

Cabe recordar que los centros especiales de trabajo nacieron al calor de la ley de integración social del minusválido (Lismi), aprobada en el Congreso de Diputados en 1982.

Durante sus 35 años de existencia, las plantas, fábricas y talleres han recibido subvenciones del Estado y la Generalitat para facilitar la inclusión de personas con discapacidades leves o severas.

Ante el actual recorte encubierto de fondos, la Fecetc ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Generalitat. Busca asegurar la viabilidad de las 207 empresas catalanas.