Rebelión en varios municipios contra los buitres de las VPO

Bigues i Riells, Calaf, Canet de Mar, Cunit, Esplugues de Llobregat, Palafolls,Sant Fost de Campsentelles, Tiana, Avilés y Oviedo (Asturias). Cada vez son más los municipios que denuncian públicamente una “posible estafa” en la gestión de pisos de protección oficial a manos de la empresa catalana Visoren.

El pasado viernes, Crónica Global sacaba a la luz el infierno de 60 familias de tres fincas de viviendas sociales en el municipio de Esplugues. Según el relato de los vecinos, la empresa que explota los edificios desde 2009, les está asfixiando económicamente, exigiéndoles importantes sumas de dinero en concepto de agua caliente y calefacción, unos servicios que Visoren presta a través de Sermavi, su propia empresa de mantenimiento integral.

Gas "a precio de oro"

Los vecinos explican que llevan una década quejándose del mantenimiento de las fincas (a cargo de Visoren), por el que cada piso paga una cuota mensual de 85 euros (en el caso de Esplugues). Sin embargo, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la carta que recibieron a finales del pasado mes de diciembre, notificándoles una subida del 277% del precio del gas. 

Esta revisión de precios, según el contrato, se realiza de forma anual. Sin embargo, no se ha estado haciendo. Esto, según los vecinos, es porque "el precio fijado en el contrato era superior al resultante en caso de haber hecho la regularización y a la empresa no le interesó hacerla". Ahora, con el IPC por las nubes, Visoren se acoge a lo firmado y actualiza la tarifa, exigiendo a cada morador el pago de los nuevos precios con carácter retroactivo por todo el año 2022. Esto, en algunos casos, supone un desembolso de hasta 3.000 euros, a abonar en varias cuotas. La primera --devuelta por la mayoría de vecinos-- se ha pasado al cobro este lunes 16 de enero.

Mantenimiento de las fincas

Todos los portavoces de los diferentes municipios han explicado a Crónica Global que, además del "abuso económico" en cuanto al suministro de agua caliente y calefacción, el déficit de mantenimiento se repite en cada uno de los edificios gestionados por Visoren. Las fotografías a  las que ha tenido acceso este medio no dejan lugar a dudas.

Palomas muertas por nidos de gaviotas en la finca de Juli Garreta / CEDIDA

Mantenimiento ascensor finca de Cunit / CEDIDA

Barandillas en finca de Cunit, uno de los municipios afectados por los buitres de las VPO / CEDIDA

Edificio de Palafolls / CEDIDA

En este sentido, los vecinos de Can Gaietà (Tiana) manifiestan que uno de los claros ejemplos que demuestran el abandono de las fincas es el ascensor, que ha estado desde 2012 con la inspección obligatoria de la Generalitat caducada. Esto, según algunos profesionales consultados, debería haber comportado el precinto del elevador, además de una considerable multa. "Este viernes nos visitó una comitiva de representantes de Visoren y del Ayuntamiento y, casualmente, el día antes vino el equipo de limpieza y la inspección del ascensor", explica un representante de la comunidad.

Mantenimiento ascensor Can Gaietà (Tiana) / CEDIDA

Se estudia una acción conjunta

Cada vez se suman más municipios a la denuncia contra Visoren, lo que llevado a algunos consistorios a plantearse una acción conjunta para analizar la gestión de la empresa. Según los diferentes portavoces, el equipo de gobierno de Sant Fost de Campsentelles está contactando con otros ayuntamientos para actuar de forma colectiva. De momento, Esplugues, Palafolls y Tiana estudian esta vía. Así se hizo saber en el pleno municipal de Tiana del pasado 10 de enero, en el que el consistorio se comprometió al análisis jurídico del contrato del ayuntamiento con Visoren para determinar qué medidas se deben tomar al respecto.

En Cunit, en cambio, los vecinos denuncian un "abandono total" por parte del ayuntamiento, por lo que se han manifestado este lunes a las puertas del consistorio, exigiendo al alcalde que tome cartas en el asunto. "Sermavi no indica que por “imperativo” del contrato suscrito entre Visoren y el Ayuntamiento de Cunit, éste último les “obliga” a prestar los servicios centralizados de agua caliente sanitaria y calefacción a través de Sermavi. Dada la existencia de dicha cláusula contractual, Sermavi descarga en el Ayuntamiento la responsabilidad de su gestión por obligación. Por tanto ¿es este ayuntamiento conocedor de estos incrementos y de su cobro retroactivo? Si es así, ¿existe algún tipo de control legal sobre ellos?", han preguntado al consistorio.

Casos en Asturias

La empresa catalana tiene presencia también en Avilés, Gandía y Oviedo, donde el problema ya está en manos de la justicia "tras años de denuncias en el Parlamento Asturiano". Así lo ha explicado a Crónica Global un portavoz de Podemos en el Principado, quien afirma que la empresa lleva a cabo "una gestión nefasta con la complicidad del Gobierno".

El pasado mes de julio, los vecinos de uno de los cuatro edificios que Visoren gestiona en la Corredoria (Oviedo), llevaba a los medios su problema con la empresa: “Muchos vecinos nos encontramos con que, no estando en invierno, llegamos a casa y teníamos la calefacción encendida, por lo que nos llegaban luego unas facturas increíbles, de hasta 500 euros. En los siguientes meses, muchos decidimos precintar el servicio de calefacción y cortar el suministro, porque, además, nos habían subido la cuota fija”, explicaba una vecina a Nortes.

Visoren guarda silencio

Tanto los arrendatarios como algunos ayuntamientos denuncian la falta de respuesta por parte de Visoren, que se mantiene firme en la aplicación de las nuevas tarifas y el cobro de su aplicación con carácter retroactivo. Otros consitorios, que sí han hablado con la empresa, como el de Esplugues, reconocen la poca disposición de esta a cooperar, su dudosa gestión de las fincas y la opacidad con la que lleva a cabo la explotación de estas viviendas construidas en suelo público.

Tampoco este medio ha obtenido respuesta de la empresa al término de este reportaje. Visoren, que asegura en su web que "todos nuestros edificios, tanto viviendas de protección oficial como de residencias universitarias, están construidos bajo los parámetros de construcción y sostenibilidad que potencian el ahorro energético y una reducción en los gastos de suministros", guarda silencio, a pesar de las acusaciones y la dimensión que están alcanzando.