El techo del Mercado de Sant Antoni, en la recta final de sus obras / EFE

El techo del Mercado de Sant Antoni, en la recta final de sus obras / EFE

Vida

La reapertura del mercado de Sant Antoni genera temor a la gentrificación del barrio

Este miércoles vuelve a abrir las puertas el edificio tras nueve años, en medio de la polémica por la posibilidad de masificación turística y su consecuente repercusión en las viviendas de la zona

21 mayo, 2018 13:58

El barrio de Sant Antoni celebrará este miércoles la reapertura de su mercado, aunque también desde el temor a que alimente la gentrificación y la masificación turística en la zona, algo que el Gobierno de Ada Colau ha asegurado que combatirá.

El concejal de Turismo, Comercio y Mercados, Agustí Colom, aseguró el pasado martes que el ejecutivo municipal trabajará para evitar un "monocultivo" de servicios y comercios vinculados al entorno del Mercado de Sant Antoni, fundado en 1882.

Oferta para el público local

Colom garantizó además que trabaja también en medidas para prevenir la gentrificación y la subida del precio de la vivienda en el área, y afirmó que el esfuerzo del Ayuntamiento va dirigido a un mercado para los vecinos: "No queremos que su renovación provoque su expulsión del barrio".

Admitió que el mercado se convertiría en un nuevo polo de atracción de vecinos y visitantes, aunque remarcó que su dirección y los paradistas tienen como objetivo dirigir su oferta comercial a los barceloneses.

Temor por el precio de la vivienda

Vecinos y plataformas del entorno del mercado han alertado de que su reapertura tras nueve años de obras puede provocar una "turistificación" del barrio y un incremento de los precios de la vivienda, sobre todo del alquiler.

Además, alertan de que puede provocar la expulsión de vecinos al atraer fondos de inversión que adquieran edificios enteros con la intención de reformar los pisos y venderlos a un mayor precios, descartando renovar los contratos a los inquilinos.

La plataforma Fem Sant Antoni ya advirtió en febrero de que el contrato de alquiler de 3.500 familias del barrio terminaría antes de 2020, por lo que podían estar en riesgo de ser expulsados por subidas de precio en el nuevo contrato o por quedar rechazada su renovación.