La ordenanza municipal ahoga a las prostitutas de Barcelona

En Barcelona hay unas 450 mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Una práctica que se lleva a cabo en cuatro focos diferenciados --Raval, Las Ramblas, Ronda Sant Pau y Camp Nou-- y que continúa cuestionando la gestión del Ayuntamiento de Barcelona a través de su ordenanza de civismo.

Fue el exalcalde socialista Joan Clos quien promovió en 2005 que se persiguiera la prostitución multando a las trabajadoras sexuales, así como a los clientes, en un intento de regular la convivencia de los barrios donde se da una mayor presencia de prostitutas en Barcelona. “No se tuvo en cuenta la opinión de las personas afectadas”, explica a Crónica Global la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

La defensora de los derechos de los barceloneses participó este viernes 2 de junio en las jornadas Prostitución y Ordenanzas Municipales, con motivo del Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Habló sobre los límites y los problemas jurídicos de las mujeres que ejercen en la calle.

Dar la espalda a las prostitutas

Uno de sus argumentos fue el evidente pasotismo que mostró entonces el equipo de gobierno municipal de Clos hacia las prostitutas, pero también el del convergente Xavier Trias cuando modificó la ordenanza en 2012 y endureció las multas --hasta 3.000 euros--, también sin pensar en las principales afectadas.

“No puede ser que la ordenanza dé la espalda a las prostitutas”, asegura Vilà, y añade que en el distrito de Ciutat Vella, además, las profesionales del sexo cuentan con el hándicap de las protestas vecinales. “Allí no hay locales permitidos para las prácticas sexuales, lo que las lleva a alquilar pisos en zonas donde coinciden con otros vecinos y éstos se quejan”. Por el ruido, por el trajín que hay en la escalera a según qué horas o porque, simplemente, las prostitutas no son santo de su devoción.

Realidad de Barcelona

Es en ese distrito, concretamente en la conocida como Isla Robadors, donde conviven las mujeres que ejercen voluntariamente y las que están en situación de trata. Algo que ningún consistorio puede obviar a la hora de regular la coyuntura actual. La policía del Ayuntamiento de Barcelona lleva 11 años trabajando contra el tráfico de seres humanos a través del grupo especializado de la Guardia Urbana y ahora, los comunes, trabajan en la revisión de la ordenanza.

La Síndica reitera la tolerancia cero para con las mafias de proxenetas pero recuerda que las leyes “son cosa de las Cortes y no del ayuntamiento”. En su opinión, lo que tiene que hacer el consistorio es adaptarse a la realidad. La pregunta es: ¿tiene conocimiento, el ayuntamiento, de la realidad que hay en Barcelona?