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Protesta en Reus por la condena por el intento de bocicot al Consejo de Ministros / @EdgarFdz

Prisión por intentar "boicotear" el Consejo de Ministros en Barcelona

El condenado formaba parte de un grupo "numeroso y violento" que pretendía "enfrentarse" a las fuerzas de seguridad, según recoge la sentencia

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Un juez ha condenado a un joven a un año y once meses de prisión por los incidentes ocurridos durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre de 2018, acusado de desórdenes públicos y de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos se produjeron sobre las 13:30 horas del 21 de diciembre de 2018, cuando unas 200 personas, entre ellas el joven ahora condenado, se concentraron en la confluencia de las calles Fusteria y Mercè, cerca del edificio de La Llotja donde se reunía el Consejo de Ministros, protesta que terminó con incidentes como el lanzamiento de objetos, botellas de vidrio o adoquines contra las líneas policiales y con cargas de los Mossos d'Esquadra.

"Grupo numeroso y violento"

En la sentencia, el magistrado considera probado que el día de autos el acusado, Arnau E.B., formaba parte de un "grupo numeroso y violento" que se dio cita en las inmediaciones del lugar donde se reunía el Consejo de Ministros con la intención de "boicotear" su celebración y para "enfrentarse" a las fuerzas de seguridad.

El acusado "contribuyó con su presencia en primera línea de confrontación con aquellos agentes a crear un clima de violencia generador de desasosiego en la ciudadanía y que comprometía la normal convivencia democrática y el desarrollo también normal de las instituciones", dictimina el fallo. 

Agresión a un mosso

El juez de la sección octava de la Audiencia de Barcelona sostiene además en su escrito que las pruebas demuestran que el acusado agredió a un agente de los Mossos que formaba parte del operativo policial, en un "claro menosprecio del principio de autoridad".

Por todos estos hechos "plenamente probados", el juez ha impuesto a este joven un año y tres meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y una condena de ocho meses por el delito de atentado a agente a la autoridad, frente a los cuatro años de cárcel que había solicitado el ministerio público.