Los Presupuestos de 2019 recogen el impuesto al diésel

Gobierno y Unidos Podemos acuerdan ayudas al coche eléctrico a través de la tributación del combustible

Imagen de archivo de un coche eléctrico enchufado
11.10.2018 12:56 h.
4 min

El acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y la coalición de izquierdas contempla ayudas a la implantación del vehículo eléctrico. A través de la recaudación de, al menos, el 30% del impuesto del combustible diésel, el Gobierno y Unidos Podemos pretende evitar que la venta de este tipo de vehículos quede paralizada.

Según detalla el texto de PGE de 2019, el plan contará con un plan de ayudas económicas “estable e ininterrumpido” hasta 2020. La financiación procedente del incremento de la fiscalidad al diésel, evitará que las ventas del coche eléctrico queden estancadas hasta futuras aprobaciones de nuevos incentivos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, declaraba el pasado septiembre que el impuesto supondrá un gasto adicional de unos 3,3 euros mensuales para el consumidor que haga unos 15.000 kilómetros anuales y tenga un vehículo de antigüedad media.

Ahorro y eficiencia 

El acuerdo entre las filas progresistas del Parlamento contempla un plan para aumentar la potencia de las plantas renovables existentes en la actualidad. Además, pretende modificar la normativa que concierne a las subastas renovables. De este modo, establece como criterio fundamental el coste de cada tecnología. El Ejecutivo pretende dotar de estabilidad al marco retributivo de producción eléctrica a través de las energías renovables.

Otro de los cambios recoge el cambio de la normativa del mercado eléctrico para evitar la ‘sobrerretribución’. A través de esta medida, se regulan las ganancias obtenidas por algunas tecnologías con costes fijos como la nuclear o la hidroeléctrica. Estas energías reciben en la actualidad la retribución de la central más cara que entra cada día en el sistema.

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

La presentación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética es otra de las medidas que establece el texto. Junta a ella, la aprobación de una “reforma profunda” del bono social. Para conseguir la adjudicación de este bono, el texto señala a la renta per cápita como único requisito. A través de esta medida, se garantizará un consumo mínimo de energía financiado de forma integral por todas las empresas del sector. Hasta la implantación de las medidas en materia de pobreza energética, el Ejecutivo dotará un fondo de 50 millones que garantizarán la protección de las personas que sufren situaciones más vulnerables.

En la apuesta por el ahorro y eficiencia energética, el acuerdo contempla la dotación con 400 millones de euros anuales para la financiación de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del próximo año. El documento prevé establecer un límite en la cuantía que algunas tecnologías puedan cobrar en el mercado. Para conseguirlo el texto plantea modificar la factura eléctrica y así reducir el parte que representa el término de potencia. Éste incrementaría en función del consumo.

¿Quiere hacer un comentario?