Los presos etarras quieren beneficios penitenciarios pero sin colaborar con la justicia

El Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) ha lanzado un documento con el que trata de salvar las diferencias internas permitiendo los beneficios penitenciarios individuales aunque sin colaborar con la justicia, ya que se fijan como "límites" la "delación" y el "arrepentimiento" sobre el pasado criminal de la banda. 

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha reiterado su negativa a apoyar un "proceso ordenado" para el fin de ETA y ha recordado que, antes de reconsiderar la política penitenciaria de dispersión, se tiene que disolver la banda y entregar las armas, y los condenados por terrorismo pedir perdón y colaborar con la justicia. Las víctimas del terrorismo consideran que hay más de 300 casos que aún no han sido esclarecidos judicialmente. 

Derrota policial

La derrota policial de ETA y su renuncia a los atentados en octubre de 2011 abrió un debate en el entorno de la banda sobre la idoneidad de que los más de 350 presos que siguen bajo su disciplina mantuvieran o no la ortodoxia en las cárceles. El 28 de diciembre de 2013, el EPPK anunció su disposición a acogerse a los beneficios penitenciarios recogidos en la ley. 

Esta postura fue abiertamente criticada con el nacimiento meses después de Aministía Ta Askatasuna'(ATA), otra plataforma surgida en el seno de la izquierda abertzale con vocación de representar los intereses de los presos y prófugos de ETA. Esta red recuperó los discursos de máximos, situando la amnistía en el centro de sus exigencias. Sortu también lanzó otra plataforma, Sare, que aspiraba a convertirse en la voz del colectivo. 

Todas estas plataformas se han disputado desde entonces la representatividad de los presos de una ETA sin estructura de dirección y con un arsenal menguante debido a las reiteradas operaciones policiales, que han llegado a descabezar la banda hasta en siete ocasiones desde 2011.