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Manifestación de manteros contra la "represión" del ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS

La presión en Barcelona desplaza la tensión de los manteros a otras localidades

Incidentes en municipios como Roses o Segur de Calafell, mientras el Ayuntamiento de Sitges prepara equipos de seguridad privada

11.08.2019 17:49 h.
5 min

La presión policial y social con los manteros en Barcelona se ha convertido en un problema para otras ciudades turísticas del litoral catalán. Las últimas actuaciones de la Guardia Urbana contra los top manta, no exentas de polémica, han provocado un efecto rebote en otros municipios, que han vivido réplicas en los enfrentamientos entre los vendedores ambulantes y los agentes. Detrás de la pasividad del consejero de Interior Miquel Buch con el problema existente en Barcelona, estaba el temor a que el problema se centrifugara a municipios donde gobiernan JxCat o ERC, aunque finalmente se han incrementado en 300 los efectivos del cuerpo autonómico. 

El conflicto más reciente se produjo durante la madrugada del pasado sábado en Segur de Calafell (Tarragona). Los Mossos d'Esquadra intentaron confiscar los fardos de los top manta, con la fuerte oposición estos vendedores y con la voluntad de recuperar sus bienes confiscados. Al final, a pesar de cierta confrontación, la actuación policial se saldó sin ningún detenido y sin ninguna confiscación de material. 

Casos recurrentes

Una escena mucho más grave se vivió el pasado ocho de agosto en el paseo de Santa Margalida de Roses (Girona), donde se produjo una trifulca a tres entre manteros, vecinos y policía. Los top manta intentaron esconder los fardos con material en una propiedad residencial comunitaria. Uno de los vecinos quiso, con escaso éxito, llevarse la mercancía al interior de su vivienda, pero los vendedores ambulantes manteros lo impidieron. Tras la intervención de la Policía Local, la reyerta terminó con diversos heridos leves y la actuación de los Mossos d'Esquadra como refuerzo. 

Vídeo donde se muestra la tensión entre manteros y Mossos en el paseo marítimo de Segur de Calafell / TWITTER

Para evitar situaciones como las vividas en el municipio gerundense, algunos ayuntamientos han empezado a tomar medidas para frenar este tipo de venta ambulante. Por ello, el ayuntamiento de Sitges (Barcelona) prepara un plan para contener el top manta con agentes de seguridad privada. Su alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC), recuerda que la problemática no solo se puede resolver mediante incautaciones y policía: "El problema es que con la ley de extranjería no podemos darles un contrato, y podrían trabajar legalmente para el municipio porque faena hay". 

¿Permisos de trabajo?

A la misma conclusión llegó el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en 2016 tras una reunión interdepartamental con distintos ayuntamientos (Barcelona, Sitges, Roses, El Vendrell, Salou), así como la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis i Comarques y distintas direcciones generales de la Generalitat.

En el informe se reconoce que el top manta es una "competencia desleal" contra los comercios regulares, pero aboga por una solución que ataje el problema de raíz. Por ello, la Sindicatura propuso que se permitiera la expedición de permisos temporales de trabajo gestionados por la consejería de Chakir El-Homrani para que estas personas pudieran desarrollar actividades laborales legales. Así lo recuerda la alcaldesa Carbonell, que asegura que muchos de ellos son menores de 30 años que "conocen oficios".

Diálogo en Barcelona

Barcelona se ha convertido en el escenario principal del conflicto. Tras las intervenciones policiales en la Barceloneta y en el metro de Plaza Cataluña, el Ayuntamiento que preside Ada Colau se ha comprometido a negociar con este colectivo una salida. Eso sí, sin la presencia del teniente de alcalde se Seguridad, Albert Batlle, lo que evidencia las primeras fricciones entre los comunes y PSC, socios de gobierno.

Sin embargo, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes acusó el viernes a la alcaldesa de Barcelona y a sus socios de gobierno del PSC de haber apostado por la "represión" y de tratarlos como "basura". Su representante, Aziz Faye, asegura que desde el consistorio les hablaron de "proyectos sociales" para hacer frente a esta problemática que todavía siguen sin materializarse. 

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