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Chimenea de un horno funerario en Carabanchel (Madrid).

¿Por qué nadie quiere un crematorio al lado de casa?

Los expertos alertan de que un horno funerario "puede ser un foco de contaminantes", mientras ecologistas y patronal tildan de "ambigua" la legislación

Ignasi Jorro
05.03.2016 14:44 h.
5 min

El proyecto de crematorio que promueve Santa Lucía a las puertas de Barcelona ha sublevado a los residentes que habitan cerca de los terrenos donde se levantará la instalación. La promotora, Tanatori del Litoral SL, admite que ha tramitado los permisos, mientras que los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besós -donde reposará el equipamiento- son parcos en su información. También el Govern mantiene un perfil bajo. ¿Qué problemas acarrea un crematorio que tanto aterra a administraciones y vecinos?

"Es evidente que un tanatorio con crematorio funerario es un foco que puede emitir dioxinas y otros contaminantes", explica Xavier Querol, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental (IDAEA) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Esteban Abad, docente en el mismo instituto, abunda en la cuestión. "Cualquier proceso de combustión es una oxidación controlada que genera un producto final, en este caso CO2, vapor de agua y, en algunos casos, polución", argüye.

Zona contaminada

Más crítica es la oenegé Ecologistas en Acción. Desde su Coordinación Técnica recuerdan que Sant Adrià de Besós, donde se construirá el horno, "está desde 2006 en la lista de municipios de especial protección atmosférica por contaminación".

En efecto, el área agrupa la célebre central termoeléctrica de ciclo combinado -por su contribución al skyline barcelonés- y la Ronda del Litoral de Barcelona o la B10, que añaden carga contaminante al aire de Sant Adrià.

Legislación ambigua

A la huella medioambiental de un crematorio, se le une una normativa enrevesada. "A nivel general, construir un crematorio se rige por tres piezas legislativas: el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974, la legislación autonómica y las ordenanzas municipales. En realidad, cada caso es distinto", argumenta Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista de Asturies.

La oenegé se ha enfrentado a la construcción de tres crematorios en la región, y ha topado con particularidades. "En algunos casos, el ayuntamiento presenta recurso contencioso y lo gana, en otros los permite. Es un despropósito", critica.

En Cataluña, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria data de 1997. Además de dicho texto, los promotores de crematorios se topan con otra cortapisa: la ley 20/2009 de prevención y control ambiental de las actividades. "Lo deja todo en manos municipales. No hay un criterio unificado", se quejan desde la Plataforma contra el crematorio del Besós.

Oposición vecinal

Precisamente, esta agrupación vecinal anuncia que tratará de sortear el laberinto jurídico. "Ya hay normativa comunitaria que vela por la calidad ambiental. Si no se respeta, los vecinos del Besós, e invitamos a los de cualquier parte de España que estén en la misma situación a hacerlo, acudiremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", señala Aida Ruiz, portavoz de la asociación.

A la plataforma le preocupa la posible emisión de dioxinas sobre el pueblo. Este temor es el que normalmente galvaniza a los residentes y los agrupa contra los crematorios. "¿Quién garantiza que no ensuciará el aire en una zona en la que la contaminación cuesta miles de vidas al año?", se pregunta Ruiz.

La patronal: "Hay inseguridad jurídica"

Otro punto de vista lo aporta Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Su presidente, Juan Vicente Sánchez-Araña, subraya que "la normativa europea en emisiones es muy estricta, y se cumple". Según el directivo, muchos contenciosos sobre crematorios empiezan "porque los políticos temen el poder de una manifestación de vecinos ante el consistorio".

Sánchez-Araña emplaza al Gobierno a dibujar una regulación "de mínimos" para toda España, de modo que comunidades autónomas y ayuntamientos la tengan que acatar. "Construir un tanatorio requiere una inversión. Si hay constante dependencia de la voluntad de los vecinos, se incurre en inseguridad jurídica, con el consiguiente riesgo de pérdida de puestos de trabajo", concluye.