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Dos personas con la bandera LGTBI dibujada en el brazo se dan la mano / EFE

El Parlament insta al Govern a hacer efectivas las sanciones contra la homofobia

El colectivo lleva seis años esperando a que se aprueben multas e inhabilitaciones ante las agresiones LGTBIfóbicas

3 min

El Parlament insta al Govern a hacer efectivo el régimen sancionador contra los delitos de LGTBIfobia, para dotar a la ley integral contra la homofobia, aprobada en 2014, de un marco que regule las multas e inhabilitaciones correspondientes.

Todos los partidos políticos han votado a favor de la propuesta presentada por la CUP que urge al Ejecutivo de Quim Torra fijar el Reglamento del Régimen Sancionador y el Órgano Coordinador de políticas LGTBI.

Observatorio homofobia
El mensaje en Twitter del Observatorio contra la homofobia

Aplauso del colectivo

El Observatorio contra la homofobia (OCH) aplaude la decisión de los responsables políticos y espera que por fin se pueda tirar adelante una iniciativa que lleva seis años de retraso. Fue en 2014 cuando el Parlament aprobó la ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia y, desde entonces, el colectivo está a la espera de que se fije un régimen sancionador claro.

Desde la aprobación de la ley apenas se han aplicado sanciones a los autores de agresiones homófobas. El presidente del OCH, Eugeni Rodríguez, recordaba en octubre de 2019 que en diez meses sólo se interpusieron diez multas, cuando el número de denuncias es mucho mayor.

Muchas agresiones, pocas denuncias

Tan solo en 2019, el OCH había registrado 160 ataques contra el colectivo LGTBI+ en el conjunto de Cataluña, una cifra que supone un aumento del 41,6% respecto a los 12 meses anteriores --cuando se registraron 113--, y la más alta desde que la entidad comenzó a recopilar datos, hace seis años.

El nuevo impulso para elaborar definitivamente el régimen sancionador contra las agresiones LGTBIfóbicas puede ser una herramienta más para que las víctimas se atrevan a denunciar, ya que no siempre se reportan. La entidad estima que más de un 70% de los casos no se ponen en manos de la policía. De las 160 incidencias del pasado año en el territorio, solo el 16% fueron por la vía penal.