¿Cuánto cuesta el operativo de salvamento de migrantes y refugiados de Open Arms en el Mediterráneo? ¿Cuánto dinero público recibe? Son dos preguntas que en este momento son difíciles de responder, pues la fundación que costea el salvamento de refugiados y migrantes en el Mediterráneo oculta al público sus cuentas anuales. Lo hace incumpliendo la legislación de fundaciones, pese a que su patrono, Óscar Camps, ha acusado al Gobierno de vulnerar leyes, en este caso las internacionales en materia de salvamento marítimo. Preguntada por la cuestión, la asociación civil se defiende alegando que "está al corriente" de todas sus obligaciones.
Lo factual es que la Fundación Proa (Pro-Activa Open Arms), inscrita el 29/07/2016 en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de la Generalitat de Cataluña con CIF G66752239, divulgó públicamente sus primeras cuentas anuales en 2017. Según las mismas [consultar aquí], se anotó un resultado después de impuestos de 733.904,49 euros, un fortísimo incremento del 99,04% con respecto al ejercicio anterior. Más importante: las últimas cuentas anuales de la organización (2016 y 2017) se refieren a años naturales. La entidad social que da cobertura al salvamento publicó unas cifras de cara a la galería, ya que no siguen el formato legal, en septiembre de 2018: las aportaciones se disparan vertiginosamente de 30.000 euros en 2017 a 3,5 millones al año siguiente. Los gastos alcanzaron los 3,2 millones.
Incumple la ley dos veces
El guarismo es revelador, pues sugiere una espectacular consolidación de la posición financiera de Open Arms, que declaró solo 30.000 euros en donaciones en 2016 y 2017. Más desconcertante, las cifras revelan un incumplimiento de la ley. Óscar Camps y la Fundación Pro-Activa Open Arms están ya en incumplimiento del artículo 322-15 de la Ley 4/2008 del Tercer Libro del Código Civil de Cataluña, que regula las personas jurídicas [consultar aquí]. En este capítulo, la pieza legislativa establece que "[...] las asociaciones declaradas de utilidad pública, las que reciban periódicamente subvenciones de las administraciones públicas y las que recurran a la captación pública de fondos como medio de financiación de sus actividades [ver buzón de donaciones de Open Arms aquí] deben elaborar en todos los casos las cuentas anuales y velar para que estén accesibles al público".
Obliga también el mismo texto normativo a que las cuentas las elabore el órgano de gobierno y se presenten a la asamblea general "como máximo seis meses siguientes a la fecha del ejercicio". De hecho, la escasa querencia que parece mostrar Open Arms por la normativa de fundaciones públicas no se detiene aquí. Las cuentas anuales de 2017, referidas anteriormente, se elaboraron por lo pronto en marzo de 2019, nueve meses después del límite marcado por la ley. Ello es así, según revelan los metadatos del documento con el nombre MEMO_2017_CASTELLANO.PDF que las contiene. No figura una fecha de divulgación --obligada por el punto 322.15 del Código Civil autonómico-- del resultado del año, pero Camps y Open Arms ya iban nueve meses tarde cuando alguien de su equipo elaboró el documento público del resultado del ejercicio.
Open Arms: "Estamos al corriente"
Preguntado por la cuestión, la responsable de Programas de Open Arms ha respondido a este medio sobre su posición: "Estamos finalizando 2018, y publicaremos a finales de septiembre 2019 en nuestra página web". El retraso se debería, según la asociación civil, a la pequeña estructura, ya que el rol de esta profesional "no existía", siendo anteriormente de solo tres personas. Ha revelado la misma fuente que las cuentas de la Fundación serán "datos de acceso público" y, lo que es más, se someterán a una "auditoría pública".
En materia de transparencia, la misma portavoz ha defendido que "Open Arms está al corriente de todos sus pagos y ha presentado toda la documentación requerida ante los distintos organismos estatales, tal y como hemos descrito previamente", con arreglo a "la ley 49/02, la nuestra". Ha agregado la representante que también "se presentan las cuentas ante la Agencia Tributaria". No obstante, la ley 49/2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo establece que las asociaciones, "en ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado del registro correspondiente". No obstante, sí hay previsiones legales: el Código Civil de Cataluña, que obliga a, por un lado, presentar las cuentas en junio del año vencido, y a "hacerlas públicas"; y el artículo 118.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que otorga a la Generalitat competencias exclusivas en el régimen jurídico de las fundaciones con operativa en la autonomía [consultar aquí]. A este respecto, cabe recordar que la Fundación PROA está inscrita en Badalona (Barcelona) --ver ficha de registro aquí--, y tiene en esta ciudad su base de operaciones. Su protectorado es la Generalitat de Cataluña.
Sea como fuere, concluye también la entidad que "desde 2016 conviven dos estructuras [asociación y fundación] sin perjuicio alguno de manera complementaria y las cuentas de ambas han sido debidamente presentadas ante Hacienda y la Seguridad Social de manera mensual (Seguridad Social) y trimestral (Hacienda)".
