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Uno de los pisos okupados de los Apartamentos Codina de Calella / CEDIDA

Los okupas de Calella pagaron 1.500 euros por la llave de un piso

El caso del municipio destapa, nuevamente, cómo actúan las mafias de la okupación, que convierten a los propios allanadores en víctimas de las que se aprovechan para sacar un beneficio económico

8 min

El caso de Calella destapa, nuevamente, cómo actúan las mafias de la okupación. Uno de los allanadores de una vivienda de los Apartamentos Codina ha reconocido que pagó 1.500 euros por entrar a vivir en el piso, situado en la décima planta del portal 6. Durante el juicio celebrado el martes contra los propietarios del inmueble detenidos por entrar a la fuerza en su propia casa para echar a los okupas --un padre y un hijo de 83 y 53 años, respectivamente--, los allanadores han avisado de que "no piensan marcharse ya que ellos han comprado la llave pensando que era de un banco", tal y como ha podido saber Crónica Global. 

Esto convierte a los propios okupas en supuestas "víctimas de grupos organizados que se aprovechan del sufrimiento ajeno" y de la dificultad de acceder a una vivienda para sacar un beneficio económico. "Se ha convertido en un negocio cada vez más usual", explica Daniel Avilés, director de Seguro contra Okupas, quien advierte de que, al fin y al cabo, estas personas también están "siendo engañadas", aunque no las justifica. 

La Policía Local de Calella detiene a los propietarios de uno de los pisos de este bloque por echar a sus okupas  / APARTAMENTOS CODINA
La Policía Local de Calella detuvo a los propietarios de uno de los pisos de este bloque por echar a sus okupas / APARTAMENTOS CODINA

'Modus operandi' de las mafias

Existen varios modus operandi. Algunos "abren la puerta, cambian la cerradura, se quedan un par de días en el piso y luego lo alquilan a personas vulnerables". Una opción rentable que les hace ganar, como mínimo, 600 euros mensuales. En algunos casos lo hacen de manera tan profesionalizada que ni los propios okupas saben que están cometiendo un delito, ya que les entregan un contrato que, en realidad, es falso. "Ha habido muchos casos en los que el propietario ha ido a su vivienda y, al encontrarse al okupa, le ha dicho que no lo sabía", explican desde esta empresa, familiarizados con este tipo de prácticas.

Otros, en cambio, prefieren cobrar la llave de la vivienda directamente --a un precio más caro-- y "desvincularse" de los allanadores.

Vigía, captador, cerrajero y cabecilla

Estos grupos criminales están formados por cuatro individuos. En primer lugar, el vigía, quien se encarga de "ir puerta por puerta detectando viviendas vacías" a través de señales que les servirán para comprobar si hay o no movimiento por parte de los supuestos inquilinos. "Dejar filamentos entre el marco y la puerta para detectar si se abre o no o lanzar un céntimo al suelo para ver si el propietario, al acceder a su casa, lo coge o no" son solo algunos de los métodos que utilizan. 

De la segunda fase se encarga el captador. Una vez saben que la casa está vacía, localizan a las personas que vivirán en ese inmueble y las chantajean con facilitarles una llave. Aquí entra en juego el cerrajero, quien abre la puerta y se encarga de cambiar la cerradura para otorgar la nueva al okupa. Por último, el cabecilla es quien lidera el grupo y quien "se lucra sin hacer nada". Se le define como el "administrador de las propiedades, que vive del vacío legal que hay en la ley de la okupación". 

Un sector inmobiliario paralelo al legal

A pesar de que los okupas que pagan por acceder a una vivienda de forma ilegal también son damnificados de las mafias, quienes más lo sufren son los vecinos de la propiedad allanada, asegura Emilio Molinero, portavoz de Patrulla Vecinal, un grupo activo de residentes que lucha contra la inseguridad en una de las ciudades más perjudicadas, Mataró. Indica que el allanamiento lleva a "conflictos entre los okupas y los vecinos, ruidos e incluso tráfico de drogas". 

En este sentido, el primer teniente de alcalde de la capital del Maresme, Juan Carlos Jerez (PSC), reconoce que existe un problema con las mafias que posibilitan el acceso a una vivienda a través de la okupación. “Tenemos indicios suficientes como para creer que detrás hay grupos organizados que hacen de la facilitación una forma de vida", explicó en declaraciones a este medio

Y es que en Mataró --como en otras ciudades-- éstas han creado un sector inmobiliario paralelo al del mercado legal, convirtiéndose en una nueva forma de criminalidad. “Cuando los mediadores del ayuntamiento o la Policía Local explican a los okupas que están cometiendo un delito, muchos deciden irse”, asegura. “El verdadero problema son aquellos que se dedican a la búsqueda de viviendas y locales vacíos, que han estado vigilando cuál puede ser la respuesta de la comunidad, de la policía y de la seguridad privada, que han cambiado las cerraduras, que les han proporcionado las llaves a los okupas”, añade Jerez

Cada vez apuntan más alto

Asimismo, las mafias cada vez apuntan más alto a la hora de localizar viviendas vacías, pues "ya no se conforman con pisos de 50 metros cuadrados", avisa Molinero. De hecho, una prueba de ello es el aumento de la okupación en uno de los barrios más prestigiosos y con un poder adquisitivo medio alto en Mataró: Via Europa. Cada vez más viviendas están allanadas porque estos grupos buscan que sean "cuanto más lujosas, mejor". Pues "cuanto mejor sea el barrio, mayor beneficio obtienen; la llave no vale lo mismo en un edificio con pisos antiguos que en uno de obra nueva". 

Una de las viviendas de una urbanización de Pineda de Mar
Una de las viviendas de una urbanización de Pineda de Mar 

Por otro lado, la costa catalana es una de las zonas preferidas para los okupas porque predominan las segundas residencias, vacías durante gran parte del año. Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna y Platja d'Aro son solo algunos de los lugares en los que los vecinos están en pie de guerra contra esta problemática. Cada vez es más habitual que, ante "la pasividad de la policía", ellos mismos se organicen para controlar sus casas y evitar que, en épocas especialmente susceptibles como la estival, sean allanadas mientras están de vacaciones.