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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una imagen de archivo en el Supremo / EP

Maza, un jurista que se sentía cómodo bajo los focos

Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, no había pasado ni un año desde que asumió la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General del Estado

18.11.2017 21:58 h.
7 min

Juan Manuel Maza ha fallecido este sábado en Buenos Aires (Argentina) cuando no ha pasado ni un año desde que fue nombrado Fiscal General del Estado. El magistrado de lo penal del Tribunal Supremo tomó el testigo de Consuelo Madrigal el 25 de noviembre de 2016.

Deja tras de sí una carrera judicial de 42 años, de los que 39 transcurrieron en el ministerio público. Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1951, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense en 1973 y cursó estudios de Criminología en el mismo centro.

Inicios de su carrera

Sus allegado explican que era un jurista que se sentía cómodo ante los focos, hecho que había marcado su carrera. Empezó en 1976 al prestar sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.

Ascendió a magistrado en junio de 1988, cuando fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Permaneció allí hasta el 23 de enero de 2002, cuando accedió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Nombramiento como fiscal general del Estado

Maza fue elegido por 12 votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, actual diputada del PSOE, para cubrir la vacante. Ambos eran ideológicamente opuestos, ya que Maza pertenecía a la corriente conservadora y Robles a la progresista.

Con todo, no se convirtió en un rostro conocido hasta las elecciones de junio de 2016. En noviembre del año pasado fue propuesto como fiscal general y el día 25 del mismo mes el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento. Había recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Reprobación y la causa contra el independentismo

Unos meses que han sido intensos en la judicatura española. Primero, porque en mayo el pleno del Congreso de los Diputados aprobó con el apoyo unánime de todos los grupos del arco parlamentario excepto el PP reprobarle junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por su actuación en una de las causas abiertas contra la presunta corrupción de los populares, el caso Lezo.

Pese a este varapalo, prosiguió con sus responsabilidades. Como la instrucción de la causa contra el proceso independentista catalán, donde ha jugado un papel clave.

Instrucción del ‘caso catalán’

El ministerio público solicitó la prisión provisional sin fianza tanto para los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como para los miembros del Gobierno de la Generalitat destituida que acudieron a declarar ante la Audiencia Nacional --Oriol Junqueras, Carles Mundó, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Dolors Bassa--.

Fiel a su perfil de persona que no tiene miedo a los focos, aseguró que la petición se mantendría para el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y para los otros consellers que le acompañaban en su aventura en Bruselas que aún prosigue.

Su rechazo a la ‘doctrina Botín’

Quizá estas sean las decisiones más conocidas por el público general de su carrera, pero no son las únicas. Maza fue uno de los cinco magistrados del Supremo que emitió en su día un voto particular para oponerse a la llamada doctrina Botín, la resolución que permitió archivar la causa abierta contra el entonces presidente de Banco Santander en 2007.

En clave política, también formó parte del tribunal que acordó en 2010 el sobreseimiento libre y archivo de la causa por desobediencia que el alto tribunal instruía contra los exlehendakaris Patxi López y Juan José Ibarretxe y cinco representantes de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegui. Habían sido acusados de mantener reuniones en la tregua de ETA de 2006.

Su pugna con Garzón

También emitió un voto particular en la absolución a Baltasar Garzón del delito de prevaricación por investigar los crímenes franquistas, ya que consideró que sí debía ser condenado por asumir una competencia que no le correspondía. Hecho que dio lugar a que el Supremo lo apartara por falta de imparcialidad cuando juzgó al exmagistrado de la Audiencia Nacional por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, que fueron declaradas ilegales.

Este toque de atención no disuadió a Maza de emitir votos particulares que le enfrentaran con otros magistrados del alto tribunal. En 2012 hizo lo propio cuando se decidió exonerar al entonces presidente del Supremo, Carlos Dívar, por el caso de los viajes pagados por el CGPJ. Afirmó que sí creía que existían indicios de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por parte de su superior.

Archivo de la causa contra Podemos

Antes de llegar a la Fiscalía General, firmó la resolución en la que se inadmitía a trámite la querella presentada por Manos Limpias contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, su entonces número dos, Íñigo Errejón, y otros miembros del partido ante las sospechas que habían recibido subvenciones ilícitas de los gobiernos de Irán y Venezuela.

El líder de la formación morada también mandaba a los familiares y amigos de Maza las condolencias públicas por su fallecimiento. “Por mucho que hayan sido nuestras críticas al fiscal general del Estado, sentimos su muerte y respetamos su inteligencia”. Iglesias se unía así al corolario de palabras de despedida que le llegaban desde el Gobierno y la oposición. 

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