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Localizador de coches de la policía des del aire / CG

La policía retira más de 100 localizadores por carecer de permiso judicial

La brigadas contra el crimen organizado se quejan de la reforma legal que les obliga a comunicar al juez de la colocación de dispositivos de seguimiento en los vehículos de los sospechosos

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Desde que entrara en vigor la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la policía precisa de autorización judicial para colocar en los vehículos de los sospechosos las llamadas balizas de seguimiento, unos dispositivos electrónicos que permiten a los agentes seguir, a distancia, la pista de los presuntos delincuentes.

Desde entonces, solo los equipos antidroga de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía han tenido que retirar más de 100 de estas balizas de vehículos o embarcaciones que estaban en el punto de mira de investigaciones policiales contra el crimen organizado en España

El juez tutela al policía

Hasta el momento, la decisión de poner la balizas, (una chicharra en el argot de los policías), competía solo a las fuerzas de seguridad, sin necesidad del conocimiento y de la autorización de un juez de instrucción.

Ahora, la ley ha cambiado y los investigadores de la policía tienen que explicar al juez los motivos objetivos que hacen precisa la colocación de dicho dispositivo en los vehículos que utilizan los presuntos delincuentes. El juez, una vez analizada la explicación policial, determina si aprueba y autoriza o no la petición.

Enfado policial

Fuentes policiales, tanto de los grupos UDYCO del CNP como los EDOA de la Guardia Civil, han calificado de “mala noticia esa reforma de la ley porque burocratiza mucho nuestra labor de investigación, aumenta la saturación de papel de los juzgados y, en definitiva, da alas a los narcotraficantes”.

La nueva versión de la ley de enjuiciamiento criminal si permite a la policía la colocación de estos artilugios en caso de flagrante urgencia sin el consentimiento judicial pero con el apercibimiento de tenerlo que poner en conocimiento del juez antes de las siguientes 24 horas.

Este tipo de dispositivos suponen una herramienta fundamental para las investigaciones contra la delincuencia en general, pero en particular en los casos de narcotráfico, donde ingentes cantidades de droga se mueven de aquí para allá en manos de organizaciones compuestas por numerosos efectivos.