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La Udef insiste en que Brantridge Holdings LTD fue utilizada por el primogénito del clan Pujol.

La Policía pide al juez que Hacienda investigue a FCC por el 'caso Pujol'

La UDEF reclama el concurso de la justicia y de los inspectores fiscales ante la sospecha de que la empresa no está por la labor de colaborar

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"Se solicita de su autoridad (…), que por parte de la Agencia Estatal Tributaria se facilite en relación a la sociedad Fomento de Construcciones y Contratas SA con CIF xxxxxxx24 desde el año 2005 (inclusive) en adelante, toda la información posible concerniente a los modelos tributarios que reflejen operaciones con terceros, de ingresos o pagos, sean nacionales, comunitarias o de exportación/importación. Y que facilite, también, los modelos tributarios de salida/entrada de divisas, con sus conceptos estadísticos parejos”.

En manos de la Audiencia

Esta es la petición concreta que formula la policía al juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga por blanqueo de capitales a Jordi Pujol Ferrusola.

En los distintos informes que ha ido presentando la UDEF en el juzgado, aparecen claras referencias a una veintena de “sospechosos” pagos que habría realizado la constructora a la empresa Brantridge Holdings LTD, que gestionaba el considerado testaferro de Pujol, Herbert Arthur Joseph Rainford Towning.

La Policía insiste en que esta empresa, cuyo registro en Londres fue solicitado hace meses, fue la utilizada por el primogénito del clan Pujol para el cobro de supuestas comisiones por las decenas de obras públicas que las administraciones gobernadas por Convergència i Unió habrían concedido a FCC.

Pagos para enmascarar

La UDEF refleja, en recientes informes, que los pagos de FCC a la sociedad inglesa se han enmascarado como supuestos contratos de asesoramiento que la policía considera de forma “lógica e ineludible”, como “ficticios”.

Los agentes creen indispensable para la instrucción de la causa que FCC documente estos pagos que suman más de 665.000 euros.

La empresa se defiende

Fuentes de la empresa consultadas por Crónica Global han manifestado que FCC está a plena disposición de la justicia para aclarar cualquier extremo. Añaden que nadie, ni la policía, ni el juez, les ha requerido documento alguno. También subrayan que los contratos entre la constructora i la empresa británica se suscribieron para labores de asesoramiento comercial e inversor en países como Panamá o México.

La UDEF pide el concurso del juez para obtener, vía la agencia tributaria, datos fehacientes de estos contratos y se excusa afirmando en un reciente informe que no se ha efectuado requerimiento policial a FCC dado que, probablemente, su respuesta se asemejara a las realizadas por otras empresas que han sido "remisoras de fondos a Jordi Pujol Ferrusola, aduciendo conceptos vacuos, para aparentar legalidad”.

Dinero a cambio de contratos

La Policía no se anda con medias tintas al dibujar y cualificar el panorama penal que se desprende de lo investigado hasta el momento: "Esta instrucción policial considera acreditado que los pagadores de esas comisiones, cuyos conceptos hemos puesto en entredicho, siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Catalunya".

Y añade…"el hecho de que quien gobernó en las diferentes instancias de la Generalitat de Catalunya, desde finales del 2003, no sea el partido político CDC vinculado a Jordi Pujol Ferrusola, no se considera óbice para que él mismo haya utilizado unas redes tejidas durante  muchos años en la administración tanto autonómica como provincial o municipal, así como en otros organismos de financiación pública”.

La policía tira de archivos

La UDEF tira de hemeroteca para sustentar ante el juez sus afirmaciones. “En procesos judiciales distintos al presente, como el conocido como caso Pretoria, parecen haber sido transversales en este sentido, implicando a gente de distinta afinidad política. Sin ánimo de resultar una afirmación insustancial o irreverente, traemos a colación las afirmaciones públicas de Feliz Millet, que dijo que en Catalunya "había unas 400 personas que siempre se encontraban en todas partes, sean parientes o no".

La Policía concluye uno de sus últimos informes haciendo de nuevo referencia al caso Palau: "Se puso de manifiesto cómo la constructora Ferrovial había estado pagando camisones en diferido, es decir una vez obtenida ya la resolución favorable a sus intereses".