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Una unidad de la Policía Foral de Navarra en una imagen de archivo.

La policía investiga si la agresión de Alsasua es delito de terrorismo

La Guardia Civil colabora con la Policía Foral para buscar a testigos presenciales e identificar a los agresores de los dos agentes y sus parejas

2 min

La Guardia Civil colabora desde este fin de semana con la Policía Foral para buscar a testigos presenciales e identificar al medio centenar de personas que agredieron en un bar de Alsasua (Navarra) a dos agentes del instituto armado y a sus parejas. Los autores de esta "encerrona", según la definición del director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, pueden ser acusados de un delito de terrorismo, agravando la pena por las lesiones y el atentado contra la autoridad.

La investigación en curso ha permitido la identificación de al menos ocho testigos de la paliza que infringieron de madrugada en el bar Koxka a un teniente --que se recupera de la operación de un tobillo-- y un sargento de la Guardia Civil cuando estaban tomando unas copas con sus parejas. Los dos detenidos, para los que Sortu pidió su puesta en libertad, han pasado este lunes a disposición judicial.

Manifestantes con carteles de 'No a los montajes policiales'

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona los ha dejado en libertad con cargos con la obligación de comparecer los viernes en sede judicial. Ambos están imputados de un delito de atentado contra la autoridad y lesiones. En la puerta del juzgado de guardia se han congregado una treintena de personas con carteles en los que se leía 'No a los montajes policiales' y Utzi pakean Altsasu ('Dejad en paz Alsasua', en castellano).

Las diligencias practicadas por la Policía Foral, con información aportada por la Guardia Civil, tratan de delimitar si los autores de la agresión cometieron además un delito de odio o incluso si incurrieron en otro de terrorismo callejero, han informado fuentes del instituto armado. De concretarse lo segundo, podrían enfrentarse a penas de seis a doce años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 14 años.