La macroestafa del biocombustible, en los tribunales

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, cuyo titular es Marcelino Sexmero Iglesias, ha admitido a trámite la querella criminal de un empresario contra Julio Torres Vérez, administrador único y consejero delegado de la sociedad Cartera Kairos y de un amplio elenco de empresas dedicadas a la generación de biocombustible, propiedad del Grupo Torres.

El juez le imputa los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. En el auto de admisión a trámite de la querella, al que ha tenido acceso Crónica Global, el magistrado también imputa a Maite Torres Vérez por los mismos delitos.

Captación de fondos con engaños

Según la querella, los imputados trataban de convencer a inversores, “mediante la utilización de afirmaciones falsas y engañosas sobre la supuesta novedad y viabilidad tecnológica de un procedimiento de transformación y producción de biodiésel”. En concreto, les solicitaban “500.000 euros para la construcción de una planta de producción en Cuenca basada en el llamado sistema kurata”. Los imputados captaban el dinero para ese proyecto “aun sabiendo la inutilidad de dicho sistema”.

Se trata, según la querella, de un proyecto pantomímico “preconcebido para la obtención de dinero ocultando el absoluto y total fracaso que, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico tiene el sistema de producción que las empresas propiedad de la familia Torres Vérez vienen promocionando desde 2010.

Dinero desviado

Los fondos recaudados por los imputados para la construcción de la planta de biodiésel en Baraja de Melo (Cuenca), se transfirieron a otras empresas del Grupo Torres en concepto de “créditos al grupo”, lo que significa que el dinero aportado para ese proyecto se utilizó para financiar actividades ajenas al mismo.

Los fondos, más de 15 millones de euros captados entre la primera aportación y una segunda ampliación de capital, fueron “distraídos y transferidos indebidamente y sin conocimiento de los inversores”. A fecha de hoy, la planta de biodiésel de Cuenca está abandonada y sin terminar y parte de la maquinaria que supuestamente se iba a utilizar para permitir la explotación del sistema no consta que se haya ni siquiera adquirido.

Inversiones fantasma

La querella es lapidaria en sus afirmaciones y viene sustentada por una amplia base documental. Según el texto, las estratagemas de los hermanos Torres Vérez para captar fondos sobrepasaron, incluso, el proyecto de Cuenca.

“Distintos inversores aportaron fondos adicionales para el desarrollo de una nueva planta en la provincia de Almería y, cuatro años después, “no se han realizado obras de ningún tipo, la sociedad explotadora ni siquiera ha abonado las tasas de la licencia de obras y buena parte del dinero obtenido ha sido desviado a otras empresas del Grupo Torres mediante una operación inmobiliaria, entre entidades del mismo grupo, de compra y venta, por un precio sustancialmente superior al del solar donde debía ubicarse la instalación industrial.