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Algunas de las piezas de arte que pertenecen al Monasterio de Sijena / CG

El juez teme sabotajes en el traslado de las obras de Sijena

La defensa da por hecho que habrán "barricadas" que obstaculizarán la operación y los Mossos d’Esquadra deberán reforzar el operativo de la Guardia Civil

7 min

La aplicación del artículo 155 en Cataluña ha abierto un nuevo capítulo en el caso Sijena. El magistrado de Aragón que ahora lleva la causa ha considerado en un nuevo requerimiento la posibilidad de que haya interferencias en la operación para devolver las 44 obras de arte que los tribunales han decretado que pertenecen al monasterio de Huesca. Por esta razón, solicita a la Guardia Civil que diseñe el operativo y detalle las “medidas de seguridad” para hacer efectivo el traslado. 

Este temor a que se produzcan disturbios que alteren la incautación lo comparte también el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español. En conversación con este medio, da por hecho la formación de “barricadas” para obstaculizar el trabajo de la brigada de patrimonio artístico del instituto armado.

En su requerimiento, el juez insiste en llevarlo a cabo "a través de la Policía Judicial si finalmente las autoridades competentes no atendieran a lo acordado en la presenta causa", ya sea por falta de voluntad o por cualquier impedimento sobrevenido.

Refuerzo policial

Esta motivación inédita en la parte final de la providencia se traduce en el envío de más unidades policiales. La aprehensión de las piezas, su embalaje y el transporte irán a cargo de los especialistas de la Guardia Civil, pero también se personarán miembros del mismo cuerpo en funciones de Policía Judicial y se contará con la presencia de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en los alrededores del museo donde están almacenadas las obras. La policía autonómica deberá despejar la zona en caso de necesidad.

Cabe tener en cuenta que el magistrado que lleva el caso en estos momentos actúa en calidad de sustituto. Fue la anterior titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, Carmen Aznar, la que valoró el escenario de que la Generalitat se enrocara en su decisión de no devolver las obras. Consideró que podría haber un choque entre Mossos d’Esquadra y Guardia Civil en el operativo para sacarlas de Cataluña --como se observó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre--.

Campaña 'indepe' contra la incautación

Esta consideración de Aznar explica el hecho de que se incumpliera el plazo fijado para retornar las piezas de forma voluntaria, el pasado 31 de julio. En la coyuntura actual, en la que el Ministerio del Interior ha tomado el control de la policía autonómica, ha desaparecido el temor de que los Mossos d’Esquadra desacaten la orden judicial. Pero no la posibilidad de sabotaje.

La justicia, igual que el abogado de la defensa, tiene motivos para creer que existirán disturbios para impedir la incautación de las obras artísticas de forma regular. Algunas voces del independentismo más radical, como la diputada autonómica y concejal de la CUP en Lleida, Mireia Boya, ya se han pronunciado sobre la futura incautación en las redes sociales en este sentido. Otros usuarios de las redes sociales también han animado a "quemar las obras" o "triturarlas" antes de devolverlas.

La Generalitat evalúa la respuesta

Desde el Museo de Lleida, donde están situadas las obras, explican a Crónica Global que los “distintos gabinetes de abogados” de las instituciones que conforman el consorcio que las gestiona --Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Lleida, comarca del Segrià y Obispado-- valoran su actuación. De momento, no han tomado una “posición oficial”. Alegan que “el proceso judicial aún está abierto” y que mantienen el contacto con el director general de Patrimonio Cultural, Jusèp Boya, tras la destitución del conseller Lluís Puig. Desde el departamento que dirige Boya se limitan a declarar que “han recibido la notificación del juez” y que está en "estudio”.

La justicia ha desestimado todos los recursos previos de la Generalitat, pero el museo ilerdense considera que el consorcio tiene “personalidad jurídica propia” y que quedan a la espera de lo que decidan sus asesores legales. El abogado Español, por su parte, agrega que pese a no haber “sentencia en firme”, sí que hay “ejecución provisional” y se debe obedecer. El magistrado del caso ha dado un plazo máximo de cinco días a la Generalitat para presentar recurso.

Ministerio de Cultura

Los portavoces del departamento de Patrimonio Cultural aseguran que los contactos que se han establecido hasta ahora con el Ministerio de Cultura son por “vía teléfonica y correo electrónico”. Con todo, no descartan “futuros encuentros” ahora que el departamento pasa a estar bajo el mando del ministro y conseller en funciones Íñigo Méndez de Vigo.

Asimismo, el Ministerio de Cultura sostiene que “están pendientes de recibir la providencia del juez” para tomar cartas en al asunto. Las partes en el litigio aseguran que en el plazo máximo de un mes se habrá llevado a cabo el traslado. Queda por ver si se podrá efectuar con normalidad o las protestas lo dificultarán.