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Pabellón polideportivo del Vilafant (Girona) / CG

La Justicia obliga a CDC a pagar los polideportivos faraónicos del tripartito

El Gobierno catalán suspendió la financiación por su asfixia financiera, pero un tribunal le obliga a abonar la subvención a un ayuntamiento y le condena en costas

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Una sentencia que sienta un importante precedente. Un tribunal ha reconocido el derecho de un ayuntamiento a que la Generalitat le financie la construcción de un polideportivo, a pesar de que, en 2012, la asfixia financiera obligó al Gobierno catalán a suspender ese tipo de subvenciones. Una cuarentena de municipios tuvieron que endeudarse al quedarse sin esas ayudas --en algunos casos, muy generosas--, aprobadas en época del Ejecutivo tripartito (PSC, ERC e ICV), pero la Justicia no solo reconoce el derecho a percibirlas en el caso del Consistorio de Vilafant (Girona), sino que condena en costas a la Generalitat.

600.000 euros

Tras el cambio de gobierno, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), encargado de facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial catalán y que depende del departamento de Economía, decidió suspender la línea de ayudas para equipamientos deportivos gestionados por el Consejo Catalán del Deporte. Uno de los Ayuntamientos afectados fue el del municipio de Vilafant --gobernado por el PSC y que tiene 5.400 habitantes--, que dejó de percibir una subvención de 600.000 euros aprobada en 2010. El presupuesto total del polideportivo, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, ascendía a dos millones de euros.

El consistorio presentó un recurso ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Consejo Catalán del Deporte. Este tribunal ha reconocido su derecho a percibir esa cantidad porque “estamos ante una resolución del convenio subvencional de carácter unilateral” y “es indudable que el ayuntamiento ha llevado a cabo la construcción del polideportivo con la fundada expectativa de que le sería satisfecha la subvención concedida en 2010 a dicho fin”. Y no solo eso, sino que la sentencia condena al Gobierno catalán a pagar las costas del proceso en una cantidad no superior a 1.200 euros.