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Sandro Rosell, durante el juicio / EP

Justicia escatima la indemnización que debe percibir Sandro Rosell por sus dos años de prisión

El expresidente del Barça fue absuelto tras pasar 21 meses en la cárcel

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El Ministerio de Justicia pide a la Audiencia Nacional que escatime al expresidente del Barça Sandro Rosell la indemnización por los casi dos años que pasó en prisión. En concreto, fija en 27 euros la cantidad que ha de percibir por cada uno de los 643 días que estuvo privado de libertad por unos hechos de los que fue absuelto por falta de pruebas. Es decir, algo más de 450.000 euros. Dicho de otro modo, se opone a que se reconozca al empresario un resarcimiento de daños y perjuicios que él mismo cifró en 29 millones.

En concreto, Rosell exige al Estado 29,7 millones por daño reputacional (405.000 euros), daño psicológico (200.000 euros), daño afectivo (320.000 euros), daño emergente (766.000 euros), y lucro cesante (28 millones) por los negocios que perdió por su condición de procesado. Sin embargo, el ministerio que dirige Pilar Llop argumenta que las “resoluciones de contratos” que se produjeron a causa del encarcelamiento “no se habrían producido” si el encausado hubiera reclamado su cumplimiento por la vía judicial. En palabras de los abogados del expresidente, este escrito es “controvertido” y “carente de toda lógica jurídica”.

Un año y medio en silencio

Cabe recordar que es la primera vez que Justicia se pronuncia después de 18 meses de la puesta en libertad de Rosell. Aun así, el equipo jurídico del empresario confía en que la Audiencia Nacional repare el “daño” que causó en su cliente “la magistrada instructora Carmen Lamela” en el procedimiento penal. Asimismo, fuentes cercanas al perjudicado explican que la voluntad de este es que sea la juez la que le indemnice, y no el conjunto de los contribuyentes.

En este sentido, Sandro Rosell, que ha visto recientemente inadmitido a trámite su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la querella que interpuso frente a la referida magistrada, no ha tardado en elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.