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Josep Lluís Trapero, antiguo mayor de los Mossos d'Esquadra / EFE

El juicio a Trapero por rebelión comenzará en enero

El exmayor de los Mossos d’Esquadra se sentará en el banquillo por facilitar la celebración del 1-O

09.07.2019 12:44 h.
3 min

La Audiencia Nacional (AN) juzgará al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, los exjefes políticos de la policía autonómica catalana Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana a partir del 20 de enero de 2020.

Así lo ha anunciado este martes el Juzgado Central de Instrucción número 3 en una diligencia, que apunta a que el procedimiento se alargará al menos hasta el 19 de marzo. La Fiscalía pide una pena 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión, mientras que solicita cuatro años de cárcel por sedición para la intendente.

Interrogatorio

Entre el 20 y el 23 de enero se practicará el interrogatorio a los cuatro acusados. Mientras que entre entre el 3 y el 6; el 10 y el 13 y del 17 al 20 de febrero declararán los testigos. 

En marzo tendrán lugar las testificales y práctica de la prueba documental e informes, según consta en la diligencia, por lo que la vista oral se alargará al menos dos meses.

Magistrados

El mismo documento indica que los magistrados que juzgarán la causa serán Concepción Espejel, Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel

Este anuncio se produce despues de que la Sala de Apelación de la AN ratificase la semana pasa su competencia para juzgar la causa, y denegase su traslado a los tribunales catalanes, como solicitaron algunos acusados. 

"Pieza clave"

El Ministerio público solicita 11 años de prisión para el exjefe de los Mossos porque cree que fue una "pieza clave" en el desarrolllo del "plan secesionista", al impedir que el Gobierno utilizase a la policía catalana para impedir la desobediencia

Fiscalía solitica la misma pena para Soler, Puig, y cuatro años para Laplana. En su escrito de acusación, les responsabiliza de de haber consentido la celebración del referéndum ilegal del 1-O, y también de no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Mientras que al exmajor, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a la intendente solo le atribuyen responsabilidad en el asedio. 

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