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Agentes de policía sacando documentación de las oficinas del restaurante Yubari de Barcelona / EFE

El juez entrega a personas necesitadas los alimentos perecederos del Yubari

El instructor de la operación contra mafias de blanqueo del Este ordena la distribución de los productos del restaurante asiático entre ONG's de la ciudad

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El juez que investiga una red de crimen organizado que utilizaba el lujoso restaurante Yubari de Barcelona para blanquear capitales ha ordenado entregar los alimentos perecederos del establecimiento, precintado ayer, a ONG's que atiendan a personas pobres.

Según han informado fuentes judiciales, el restaurante fue registrado ayer en la operación conjunta desplegada por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional contra una red integrada por personas de origen ucraniano, ruso y armenio, asentada en Barcelona, que presuntamente ha blanqueado 10 millones de euros de beneficios del crimen organizado.

Local de lujo

El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, que dirige la investigación, ordenó ayer el registro del local, frecuentado por lo más granado de la sociedad barcelonesa, y se descargó documentación almacenada en los ordenadores, así como mensajes de correo electrónico de los dispositivos electrónicos hallados en el local.

Asimismo, el magistrado autorizó a los agentes a entregar a alguna entidad sin ánimo de lucro que se dedique a auxiliar a personas en riesgo de exclusión social todos aquellos productos perecederos y no susceptibles de almacenar que encontraran en el local.

También los domicilios

Además del restaurante Yubari, de comida asiática, el juez ordenó ayer registrar los domicilios de algunos de los detenidos, entre ellos el propietario del establecimiento, Arman M.

En su auto, el magistrado autorizó a los policías a filmar los efectos que consideraran necesarios en el interior de los domicilios registrados, especialmente aquellos que denotaran "signos de vida suntuosos" y un nivel adquisitivo muy superior al de las ganancias lícitas declaradas.

Los detenidos en esta operación, que permanece bajo secreto de sumario, están acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad en documentos oficiales y contra la Hacienda Pública.