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Por el Consejo General del Poder Judicial pasan todas las reformas judiciales.

Jueces y fiscales exigen ya una reforma integral de la justicia

Una plataforma de juristas, funcionarios y ciudadanos presenta en Barcelona un manifiesto para exigir su despolitización y modernización

4 min

Si en algo coinciden jueces, fiscales, abogados, policías, usuarios de la justicia y funcionarios, sea cual sea su adscripción ideológica, es que la actual maquinaria judicial precisa urgentemente de un proceso de reforma y modernización que la adecuen a los tiempos que corren y que dé salida a las demandas de una sociedad que exige que sus operadores judiciales sean más eficientes y más independientes.

Se ha presentado en Barcelona el manifiesto Pacto para una justicia de todos, bases para el cambio democrático, impulsado por La plataforma ciudadana  por una justicia de todos y todas que agrupa a jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios de la administración de justicia y usuarios.

El documento se presenta en el momento en que los partidos negocian las bases para la formación de un nuevo Gobierno sin que la administración de justicia haya ocupado los titulares. 

Un CGPJ más independiente

El manifiesto plantea la transformación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al objeto de garantizar su independencia política. “En la elección de los miembros del CGPJ debe participar la ciudadanía, en cualquiera de las modalidades apuntadas, y las competencias de este órgano no deben incluir las facultades de decisión sobre la composición de los más altos tribunales que, en todo caso, deben ser cubiertos mediante un proceso transparente que evalúe mérito y capacidad de las candidaturas”.

También critican los mecanismos de enseñanza de jueces y fiscales, que consideran obsoletos. "Es hora de abandonar el tradicional sistema se acceso a través de pruebas memorísticas, que exigen años de preparación, de esfuerzo personal y económico de los opositores, un sistema que sólo permite alcanzar esa meta a quienes tengan mejor memoria y capacidad económica suficiente para pagar a quienes preparan la oposición”.

Un proceso clasista

El objetivo es aquí doble. "De un lado, conseguir democratizar el acceso a ciertas profesiones jurídicas de naturaleza funcionarial que, además, se sitúan en el núcleo de la organización institucional del Estado, permitiendo que personas con menos recursos económicos pueda tomar parte en el proceso".

Los juristas que apoyan el manifesto consideran que una selección de profesionales en los términos que ellos proponen llevaría a contar con funcionarios que "además de conocimientos estrictamente jurídicos, acreditasen ciertas habilidades o compromisos sociales que deben formar parte de su acervo”.

El fiscal, director de investigaciones

La plataforma ciudadana por una justicia de todos propone que sea el fiscal quien instruya las investigaciones penales al objeto de ofrecer mas garantías a imputados y a victimas: “Postulamos una reforma que deje en manos del Ministerio Fiscal, la investigación de los delitos y la instrucción de las causas penales, convirtiendo a la judicatura en el máximo garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía durante todo ese proceso. Condición para ello será una nueva Fiscalía, reforzada, más autónoma y mejor dotada, que permita que la ciudadanía vea duplicadas su garantías en el proceso penal”.

El manifiesto, por último pide la abolición de la limitación de plazos de instrucción sumarial. “Urge la decisión de dejar sin efecto la limitación de los plazos para la instrucción sumarial aprobada en la pasada legislatura. Poner coto a la duración de los procesos sin dotar previamente a los juzgados y tribunales de medios que garanticen que su actividad se pueda llevar a cabo dentro de esos márgenes es tan ineficaz como irresponsable, y conduce irremediablemente al archivo de múltiples procesos, por lo que muchos delitos dejarán de ser perseguidos”.

La presentación multitudinaria de este manifiesto tuvo lugar en la sede de CCOO de Barcelona con una nutrida representación de las fuerzas políticas de izquierdas y de diversos operadores judiciales.