Los magistrados y fiscales se plantan: o se mejora la Justicia o irán a la huelga

Sin medias tintas: irán a la huelga si ni el Gobierno ni las Cortes ni el Consejo General del Poder Judicial atienden sus peticiones de mejora de la Justicia. Es la llamada desesperada de siete asociaciones de jueces y fiscales que ven cómo nadie hace caso a las 14 propuestas que firmaron hace nueve meses con el fin de evolucionar el sistema y que ya cuentan con el apoyo de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

Las siete asociaciones (cuatro de jueces y tres de fiscales) se han reunido este lunes, 5 de marzo, y han acordado un calendario de protestas que incluyen movilizaciones en sedes judiciales, concentraciones, paros parciales y hasta una huelga indefinida, fijada provisionalmente para el próximo 22 de mayo, si el Ministerio de Justicia no atiende a sus peticiones.

Las propuestas

En junio de 2017, estas asociaciones suscribieron un documento en el que proponían una serie de propuestas en las que reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

En concreto, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia de la Fiscalía y su autonomía presupuestaria.

Régimen salarial desfasado

El que avisa no es traidor. Y estas siete asociaciones ya advirtieron a la Justicia de que se movilizarían si no atendía sus reclamaciones sobre la situación profesional y económica del sector y sus peticiones sobre la mejora en la calidad del sistema. Vuelven a la carga después de que venciera el plazo dado a los ministerios de Justicia y Hacienda para que convocasen la Mesa de actualización del régimen salarial anclado hace 15 años.

En un comunicado conjunto, todas ellas consideran "decepcionante" la marcha de las negociaciones desde que anunciaron sus propuestas. Respecto a las Cortes, señalan que "no parece haber una mayoría clara" en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión".

Una ley pendiente

Recuerdan, igualmente, que también está pendiente de aprobación la ley orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial extensiva los fiscales.

El cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que "no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones".

Caso omiso del CGPJ

Finalmente, en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, han lamentado que haya hecho "caso omiso" a su propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, así como que siga sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Así, según el calendario de medidas, las asociaciones han acordado movilizaciones para el jueves 5 de abril, a la una de la tarde, en las sedes judiciales de todo el país; una concentración en Madrid el 14 de abril y, a continuación y si siguen sin ser atendidas sus reclamaciones, paros parciales de una hora (de doce de la mañana a una de la tarde) los jueves de cada semana durante un mes.

El 22 de mayo

Y en caso de continuar sin respuesta a sus propuestas las carreras judicial y fiscal no descartan convocar una huelga indefinida, previsiblemente el 22 de mayo, aunque esta fecha puede variar "en función de la marcha de las negociaciones". En cualquier caso, las asociaciones aclaran que "las citadas medidas quedan supeditadas a la aprobación por los órganos respectivos de las asociaciones firmantes".

Las reivindicaciones son apoyadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), así como la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.