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El conseller de Interior, Joaquim Forn, en una sesión de control en el Parlament de Cataluña / EFE

Joaquim Forn, atrapado en una encrucijada legal

Ante la previsible admisión a trámite de la querella de la fiscalía contra el Govern, la figura del 'conseller' de Interior queda en entredicho

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Durante la controvertida y caótica tramitación parlamentaria de la llamada ley del referéndum, se le veía sonriente, incluso exultante cada vez que intervenía la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, a la que aplaudía jubiloso como una especie de hooligan.

Pero Joaquim Forn no es un espectador más en el hemiciclo: es el conseller de Interior, es decir, el responsable político de los más de 16.000 hombres y mujeres que componen la policía que se encarga del orden público y la seguridad ciudadana (entre otras cosas) en Cataluña.

Inminente imputado

Dentro de poco, y con absoluta probabilidad (según las fuentes judiciales consultadas), el TSJC admitirá la querella de la fiscalía contra los miembros del Gobierno catalán (Forn incluido).

Así, el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra será imputado por delitos severos: malversación, prevaricación y el delito que jamás (¡jamás!) ha de cometer un responsable público que tiene el cometido específico de garantizar la convivencia de una sociedad: el de desobediencia.

Juez y parte

Estirando el devenir de los inminentes acontecimientos, pero sin hacer elucubraciones imposibles, se podría dar la circunstancia de que el magistrado del TSJC que instruya la querella oficie a la policía judicial para que interrogue, detenga y/o, en definitiva, investigue al máximo jefe político de la policía autonómica. Entre los cuerpos de policía judicial del alto tribunal catalán a su alcance se encuentran los Mossos d'Esquadra. ¿Se imagina alguien a agentes de los Mossos tomándole las huellas dactilares a Joaquim Forn?

¿Cómo se conjuga la imputación en ciernes del conseller de Interior y las estrechas relaciones con fiscalía a las que esta obligado por la ley? Este medio ha trasladado estas preguntas a las asociaciones judiciales y de fiscales. Distintos portavoces apuntan inequívocamente a la dimisión​ de Forn como el único proceder admisible.