Investigan a exdirectivos de una residencia de DomusVi en Premià de Mar por 87 muertes por Covid

El juzgado de Instrucción número 2 de Mataró (Barcelona) ha admitido una querella de la fiscalía contra varios exdirectivos de la residencia Ca N'Amell de Premià de Mar, gestionada por DomusVi, por 87 muertes durante las primeras semanas de la pandemia del Covid. Se trata de un exdirector y una exdirectora médica que fueron relevados cuando la Generalitat intervino el centro, en abril de 2020. 

Según el documento, se les atribuye los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave, así como un trato degradante. 

Una imagen de una residencia de ancianos / EP

Deficiencias en el trato y cuidados

La querella proviene de una investigación de la fiscalía, que abrió tras la intervención del centro, dado el “elevadísimo índice de mortalidad” entre los ancianos. Además, tacha de deficiencias en el trato y los cuidados que se daba a los abuelos. En la residencia hay un total de 272 plazas, de las cuales estaban ocupadas 230 al inicio de la pandemia. Según la querella de la fiscalía, los entonces directivos no tomaron las medidas para evitar contagios y “no mostraban ninguna colaboración con los profesionales de la sanidad pública evitando implementar los protocolos y medidas sanitarias que les eran indicadas”. 

Esto pone de manifiesto que, “tras la entrada del Covid en el centro, se desencadenó un reguero de fallecimientos” que no pudo estabilizarse hasta meses más tarde, en junio. La denuncia también indica que la atención en el geriátrico ya tenía “graves déficit, conocidos y aceptados” por la dirección del centro, que empeoraron con la llegada del virus. 

Una sesión de fisioterapia en una residencia geriátrica / EUROPA PRESS

Falta de material y desatención

Entre las carencias de la residencia se destaca el “escaso” personal para prestar atención a la gran cantidad de residentes, y que durante las noches y los fines de semana no había ni médicos ni enfermeros. “La falta de personal comportaba que no pudiera alimentarse e hidratarse convenientemente a los usuarios dependientes que, por ello, padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación”, dice el texto. Además, era habitual que el personal olvidase dar la medicación que correspondía a los pacientes, saltando dosis o dándoles una medicación distinta. 

También era “habitual” la falta de material para curas, esponjas, toallas y colchones para evitar llagas. La Fiscalía afirma que, a menudo, los timbres de alerta en las camas de personas dependientes estaban inutilizadas.