La Audiencia de Barcelona ha condenado a nueve años de inhabilitación al exconcejal socialista de Sant Adrià de Besòs Juan Carlos Ramos por un delito de prevaricación administrativa. El motivo: contratar de forma irregular un servicio de vigilancia en La Mina vinculado al clan gitano de Los Manolos.
El fallo de la sección 6, y contra el que cabe recurso de apelación, también condena a otros tres acusados por el mismo delito. Siete años de inhabilitación para Joaquín Ramírez Fuentes, y dos años y tres meses por el mismo ilícito para José Fernández Franco y Ángel Amaya Montero --patriarca del citado clan--, aunque, en estos dos casos, con el atenuante de confesión.
Vigilancia en La Mina
Los hechos se remontan a 2016 y 2017, cuando el concejal del PSC, de forma irregular, contrató con fondos públicos a empresas controladas por los clanes gitanos de Sant Adrià para vigilar pisos de protección oficial. En un primer momento se adjudicó la contratación a una empresa de la que el apoderado era Fernández Franco.
Debido a la dificultad para dar cobertura legal a la adjudicación de esta vigilancia, este contactó a su vez con otro de los ahora condenados, Ramírez Fuentes, administrador de una mercantil, para que esta hiciera de "empresa pantalla" y figurara así como la adjudicataria formal de este servicio de vigilancia.
Clan de 'Los Manolos'
Sin embargo, este servicio lo prestaba en realidad Amaya Montero, conocido como Tío Cristina, que ni tenía una empresa de vigilancia ni cumplía con los requisitos legales para ello. Durante el juicio, que se celebró el pasado septiembre, un instructor de los Mossos d'Esquadra aseguró que el patriarca "amenazaba" si no cobraba por prestar servicios de seguridad en estos pisos, porque de lo contrario serían ocupados.
Fue en julio de 2017 cuando efectivos de la policía autonómica arrestaron al concejal socialista junto a otras nueve personas, por su implicación en la trama, y poco después Ramos quedó en libertad con cargos. Ahora, en su sentencia fechada el pasado 13 de octubre, el tribunal considera probado que entre 2012 y 2016 el Consorcio de La Mina incoó "multitud de expedientes de contratación para la licitación del servicio de vigilancia de las viviendas, resultando adjudicatarias varias empresas --Control y Mantenimiento Los Borjas SL; Ertrel 2010 SL; Controladores Los Chatos SL; Visercon 2000 SL, y Afirmaya BCN SL-- que pertenecían o dependían de distintos grupos vinculados por lazos de familias con poder en el barrio de La Mina".
Control del barrio
Grupos que, según el fallo, "se han venido disputando el control del barrio y han asumido un poder de hecho al margen del ordenamiento jurídico, que ha coexistido con los poderes jurídicos legítimos de las distintas Administraciones". Así, los tres magistrados señalan que el consorcio adjudicó los citados contratos a dichas empresas, "lo que suponía permitir que la vigilancia la llevaran a cabo los distintos grupos con poder en el barrio", con una licitación irregular.
