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Una foto de archivo del Palacio de la Justicia de Navarra donde se produjo el fallo con la filtración de la víctima de 'La Manada' / EP

Impiden el acceso a todas las sentencias tras la filtración de datos de la víctima de 'La Manada'

El fallo de seguridad que permitió conocer la identidad de la mujer, abre el debate sobre las comunicaciones electrónicas de la justicia

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El fallo de seguridad que permitió a los medios de comunicación acceder a los datos personales de la víctima de La Manada, ha provocado que se haya desactivado temporalmente el acceso a las sentencias en la web del Gobierno de Navarra mediante código de verificación.

El fallo judicial enviado por correo electrónico a los medios, tenía los datos de la víctima borrados, pero se mantuvo en los márgenes del documento un "verificador" (o secuencia de números) que permitió acceder al original completo en la página web del Gobierno Foral. El mismo sábado se impidió el acceso a la sentencia original a través del código.

Alarma por el fallo de seguridad

La directora general de Justicia, Lourdes Aldave, explicó a Efe que ayer se recibió un requerimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, que solicitaba que se desactivase el acceso a todas las sentencias mediante código ante la "alarma" generada por la filtración de datos y para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Los servicios informáticos ya han desactivado esta opción, por un criterio de "prudencia", mientras se aclara lo sucedido y se toman medidas para que no suceda de nuevo.

Aldave ha subrayado que existe un protocolo establecido por el Consejo General del Poder Judicial y el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), en el que están representadas las comunidades autónomas con competencias en justicia, para garantizar la protección de datos, por lo que "no ha sido un fallo de seguridad del Gobierno de Navarra".

El próximo jueves, ha indicado Aldave, se celebrará una reunión del CTEAJE para tratar las comunicaciones electrónicas de justicia, en la que Navarra planteará una revisión de los protocolos.