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Una turista se pasea por Las Ramblas de Barcelona, ciudad donde opera ICPA, la empresa denunciada / EFE

El cobro sanitario a una turista en Cataluña acaba denunciado en Antifraude

ICPA, empresa que factura a pacientes extranjeros en dos hospitales de la región, ve "conflicto de interés" del denunciante y subraya que se ciñe a la ley

01.05.2018 00:00 h.
5 min

Un dolor agudo de espalda que ha derivado en un cruce de denuncias. El cobro sanitario de un hospital catalán a una mujer con nacionalidad rusa pero residente en la Comunidad Valenciana ha acabado en denuncia ante la Oficina Antifraude. La empresa que factura en este centro sanitario y otro de la red pública, International Care Patient Assistance (ICPA), se defiende recordando que "cumple simplemente lo que estipula su contrato" con los complejos médicos y subraya que el denunciante tiene una compañía que, precisamente, hace esta misma función.

El caso data de mediados de 2017, cuando la paciente acudió al Parc de Salut Mar (PSMAR) de Barcelona con un fuerte dolor de espalda. No llevaba consigo la tarjeta sanitaria, sólo el pasaporte y tarjetas de crédito, por lo que en la institución de agudos, según los denunciantes, no la atendieron. Sólo lo hicieron, aseguran, previo pago de 500 euros y al día siguiente. El centro sanitario público (60% Generalitat de Cataluña y 40% Ayuntamiento de Barcelona) siempre ha mantenido que presta asistencia a todos los pacientes, tengan tarjeta o no.

Denuncia en Antifraude

El conflicto llega después, cuando se debe establecer quién paga esa visita médica. En el caso de la ciudadana con vecindad española pero origen ruso la familia ha llevado el caso ante el Servei Català de Salut (CatSalut), el Síndic de Greuges, una suerte de defensor del pueblo autonómico, y a la Oficina Antifraude.

En este último ente, los allegados han señalado que "se están cometiendo actos presuntamente ilícitos y presuntamente delictivos, con repercusión para la salud pública e individual de los ciudadanos extranjeros y contra el interés público". Agregan que se pide depósitos de dinero a los pacientes internacionales para ser atendidos, algo que, creen, supone denegación sanitaria o de auxilio. También argumentan que el contratista privado no puede emitir facturas médicas --pues no es una empresa sanitaria, sino de gestión--, por lo que vulneraría la normativa tributaria en materia de impuesto del valor añadido (IVA), entre otras.

"Conflicto de intereses" de alguien del sector

Todo ello es negado de forma tajante por International Care Patient Assistance (ICPA). La enseña tiene contratos legalmente firmados con el PSMAR y con el Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona, los que más turistas reciben de Barcelona. "Seguimos operando legalmente, bajo contrato público y transparente, y gestionando los impagados por nuestra cuenta. No hemos recibido notificación alguna tras varias amenazas de este señor", explicó ayer Xavier Palet, uno de los socios fundadores de la mercantil, llamada antes Gestitursa SL.

Desde ICPA recuerdan que P.H., el yerno de la denunciante que ha elevado el caso del dolor de espalda a Antifraude, al Síndic y al CatSalut, "tiene un conflicto de intereses" en el caso, ya que anteriormente trabajó haciendo su mismo trabajo para el PSMAR. En efecto, H. figura como administrador único de Hars Quantum, una firma que realiza asesoría fiscal para centros médicos.

¿Cómo evitar el turismo médico en la pública?

El debate que trasciende al caso particular de la ciudadana rusa atendida por ICPA --que le devolvió la cantidad dejada a depósito-- es el cobro de la asistencia sanitaria a los 18,2 millones de turistas internacionales que visitan anualmente Cataluña y a la vez, cómo evitar el turismo médico. La red asistencial pública catalana ha solucionado parcialmente el problema: PSMAR y Sant Pau han optado por externalizar la gestión de la facturación a estos pacientes, siempre que no presenten una tarjeta sanitaria individual (TSI) europea o un seguro médico de viaje.

Por el contrario, el Instituto Catalán de Salud (ICS), que gestiona ocho grandes ciudades sanitarias en Cataluña y más de 300 ambulatorios, ha rechazado informar a este medio sobre cómo gestiona el cobro de la prestación asistencial a pacientes que carecen de tarjeta o seguro. De hecho, a preguntas de Crónica Global, se ha negado a revelar a cuántos pacientes en esta situación atendió en 2017. Tampoco ha querido revelar cuántos impagados gestionó durante el mismo periodo, ni qué impacto supuso esta cifra para las ajustadas cuentas de los complejos médicos.