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Dos miembros del sector del taxi en huelga protestando en Barcelona / EFE

La 'guerra' del taxi en 12 fechas: ¿cómo se llegó a este embrollo?

El intento de Ada Colau de regular las licencias VTC de Uber y Cabify en 2017 ha generado dos huelgas y una madeja que ninguna administración es capaz de desenredar

22.01.2019 00:00 h.
8 min

Hay muchas más fechas, pero estas son las clave en la lucha del taxi en Barcelona. El colectivo que es punta de lanza del sector en España por su resistencia --y obcecación-- a la hora de convivir con nuevas aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, que operan con licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC). Los taxistas de la Ciudad Condal son el espolón de la península --o los luditas, según otros-- por varios motivos: ellos iniciaron las dos huelgas que ha vivido la industria en un año (en julio de 2018 y la actual) y se anotaron la única victoria paneuropea sobre Uber en forma de opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Taxistas de Barcelona en huelga ante el Parlamento catalán / EFE

Taxistas de Barcelona en huelga ante el Parlamento catalán / EFE

En Barcelona también se inició el nuevo capítulo actual de la guerra del taxi que ha desembocado en paro total desorganizado, pero cuasi nacional en su dimensión. Esta etapa se inició en diciembre de 2017, cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la sazón presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), anunció la imposición de una doble licencia sobre los vehículos VTC por criterios medioambientales. Los críticos vieron una añagaza a la competencia; los partidarios del taxi, una solución al instrusismo. Y pocos leyeron entre líneas: Colau había silenciado los tambores de huelga del taxi a las puertas del Mobile World Congress (MWC) de 2018. Licencia a cambio de paz.

Primera huelga

La normativa metropolitana se aprobó inicialmente en enero y definitivamente en junio del pasado ejercicio. Tuvo una vida corta: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) encajó una docena de recursos y la suspendió cautelarmente en dos ocasiones a finales de julio: los días 19 y 28. Ello incendió al taxi barcelonés, que levantó barricadas en el aeropuerto del El Prat y tomó la Gran Via de Barcelona por primera vez el mismo día 28 de julio, en plena operación salida y con la ciudad llena de turistas. Inició una huelga indefinida de ocho días que solo zanjarían tras la promesa del Ministerio de Fomento de aprobar un Real decreto-ley que limitara las VTC y devolviera la proporción de una VTC por cada 30 taxis en la calle, la establecida por ley y confirmada por el Tribunal Supremo en junio de aquel año.

La propuesta de Fomento fue un pase de balón a las comunidades autónomas y entes metropolitanos (el AMB, específicamente) para que legislaran sobre la materia. En otras palabras, las autonomías que lo desearan podrían imponer regulaciones a los títulos habilitantes para vehículos VTC. Ello fue la "solución equilibrada" que había pedido el propio titular de Fomento, José Luis Ábalos, días antes.

Las fechas clave en el conflico taxi-VTC / CG

Las fechas clave en el conflico taxi-VTC / CG

Fomento aprueba el decreto...

La promesa del Gobierno a los taxistas para zanjar su huelga de verano, no obstante, tenía un triple filo envenenado. Contenía un calendario --el decreto debía ser presentado en septiembre-- y nadie sabía qué pasaría con las licencias VTC ya concedidas y que hacen que se rebase la proporción 1/30. ¿Se expropiarían? ¿Quién pagaría las indemnizaciones y el lucro cesante de unos títulos habilitantes peleados y ganados en los tribunales? ¿Qué pasaría con las numerosas comunidades autónomas que manifestaron que no querían las competencias?

Finalmente, la norma se aprobó el 28 de septiembre en forma de Real decreto-ley. Fomento sorteó las distintas trabas trabajando con la precisión de un cirujano. Creó un grupo de trabajo de transición con las autonomías para traspasar las competencias y estableció una moratoria de cuatro años de entrada en vigor para evitar demandas que pudieran conllevar indemnizaciones millonarias. Los operadores alertaron de la incertidumbre que creaba la norma y alertaron de posibles pagos de hasta 4.000 millones a empresas que utilizan VTC. No obstante, el 24 de octubre el Congreso de Diputados convalidó el decreto 13/2018.

...y la Generalitat patina

En paralelo a ello, la Generalitat de Cataluña empezó a mover ficha. En el Consejo del Taxi del 19 de septiembre de 2018 --ver documentación aquí-- avisó de forma grandilocuente al sector que "cuando tuviera las competencias de regulación ordenaría el servicio, protegería al usuario y haría una normativa más detallada". Lo hizo el propio Damià Calvet (PDeCAT), consejero de Territorio y Movilidad. No obstante, antes de Navidad, el TSJC envió un primer aviso a la Generalitat. Mantuvo la suspensión cautelar de la licencia metropolitana que había anunciado Ada Colau un año atrás. El panorama regulador se ponía cuesta arriba. A ello se le unía la pugna política: el sector tecnopragmático de ERC, liderado por Pere Aragonès y Albert Castellanos, su secretario general en el Departamento de Economía, ponían reticencias a las trabas. No en vano, Castellanos fue uno de los supervisores de la Comisión Interdepartamental de Economía Colaborativa, creada en 2016 con el anterior Govern y de la que nunca más se supo.

El presidente catalán, Quim Torra, abordando la crisis de la huelga del taxi con el consejero Damià Calvet / EFE

El presidente catalán, Quim Torra, abordando la crisis de la huelga del taxi con el consejero Damià Calvet / EFE

Finalmente, el Ejecutivo de Quim Torra aplazó la presentación de su propuesta de regulación una semana por la complejidad, aunque otros apuntan a las propias pugnas internas entre los dos partidos independentistas que ocupan el Palau de la Generalitat. Calvet presentó la propuesta de decreto ley el viernes 18 de enero --ver documentación aquí-- con tres novedades: la precontratación de 15 minutos de plataformas como Uber y Cabify, la prohibición de la geolocalización en el móvil y el ya conocido No a la captación en la calle. La solución no dejó contento a nadie. Los taxistas pedían "horas" de precontratación para diferenciar los servicios de taxi y VTC mientras que las tecnológicas alertaban de las pérdidas de empleos y futuros recursos que acarrearían indemnizaciones. El Govern, pues, ha sido incapaz de hallar un punto medio de encuentro entre dos sectores. Y eso que el 4 de octubre, cuando el Real decreto-ley 13/2018 fue convalidado por el Congreso, los nacionalistas catalanes pidieron que las competencias quedaran "blindadas" de la injerencia del Gobierno. Muchos se preguntarán ahora de qué ha servido su vehemencia. Y Ada Colau, que prendió la mecha de este último conflicto, desaparecida.

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