Dispositivo de la Guardia Urbana en el edificio municipal okupado en el Raval

Varias unidades de la Guardia Urbana de Barcelona se han desplegado este jueves sobre las 08.10 horas ante uno de los edificios okupados el miércoles en el barrio del Raval de la ciudad.

La Guardia Urbana ya acudió el mismo miércoles por la noche a la finca, situada en la calle Sant Ramon, para impedir que accedieran más personas, pero no desalojaron entonces a las que ya estaban dentro.

El ayuntamiento había terminado de rehabilitar los pisos de la finca y estaban listos para su adjudicación.

Protección de la vivienda social

La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha defendido que el desalojo de la finca del Raval, destinada a alquiler social, responde a la voluntad del consistorio de "preservar y proteger" el parque de vivienda social. En declaraciones a la prensa, ha dicho que la mejor manera de evitar conflictos es que los grandes propietarios y bancos pongan las viviendas vacías en alquiler: "Tener los pisos llenos de familias es la mejor manera de prevenir hechos delictivos".

Ortiz también ha señalado que, aparte de la intervención de la Guardia Urbana, también hay psicólogos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) que atienden a los desalojados, y la edil ha dicho que el consistorio los acompañará para ofrecerles la mejor respuesta posible.

Se trata del número 1 de la calle Sant Ramon, un edificio de 11 pisos que el Ayuntamiento de Barcelona destinará a alquiler social, y que había terminado de rehabilitar y adjudicar. La Guardia Urbana ya acudió este miércoles a la finca para impedir que accedieran más personas, pero no desalojaron entonces a las que ya había dentro.

La CUP rechaza el desalojo

La concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant ha criticado el desalojo del edificio porque en él había personas en situación de "emergencia habitacional".

En declaraciones a los medios ante la finca, en la calle Sant Ramon, ha rechazado que el Gobierno municipal haya enviado seis unidades de la Guardia Urbana a desalojar y ha defendido que "las okupaciones en la inmensa mayoría de veces, responden a una necesidad vital de tener un techo en el que vivir".

"Es el Ayuntamiento quien directamente ordena a la Urbana, en este caso a los UPAS (Unidad Policia Administrativa y de Seguridad), esa fuerza que hace años que se tendría que haber disuelto", ha valorado, y ha acusado al Ejecutivo de Ada Colau de no usar los cauces correctos para el desalojo.

"Los que estaban dentro dicen que llevaban tres días okupando, y por tanto un desalojo exprés no tocaría", ha indicado Reguant, que fue diputada en el Parlament en la pasada legislatura. Ha considerado positivo que los pisos se vayan a destinar a alquiler social, pero ha pedido destinar más a vivienda social "y recuperar en la lógica de expropiar o recuperar las viviendas que están en manos de los bancos", a la vez que se elabore un censo de pisos vacíos en la ciudad.