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Un balcón en que cuelga un cartel de vivienda en alquiler / EP

El Govern sanciona a cinco propietarios por incumplir la limitación del precio de los alquileres

Desde la aprobación de la ley catalana de vivienda se han tramitado 460 expedientes de infracción contra particulares y personas jurídicas

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La Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) ha emitido las cinco primeras sanciones a particulares por haber superado el precio del alquiler que determina la ley catalana de vivienda. Las multas interpuestas se han situado entre los 1.200 y los 6.000 euros. Los primeros sancionados son de Tortosa, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Cornellà de Llobregat. En todos ellos el organismo ha detectado infracciones como no adjuntar el índice de refefencia de precios al contrato o sobrepasar la renta establecida.

El secretario de Vivienda e Inclusión Social del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Sala, ha explicado que se está tramitando la renovación de las áreas con el alquiler tensionado. Actualmente, hay 51 municipios bajo esta situación y están en tramitación "entre 15 o 20 municipios más". En este sentido, cabe recordar que, en muchos de ellos, de acuerdo con lo que fija la ley, se debe rebajar un 5% el precio de los arrendamientos.

A la espera del TC

Sobre la aplicación de la ley, Sala ha considerado que actualmente hay "desorientación" sobre si está plenamente vigente. Ello se debe a los recursos que se han presentado contra ella ante el Tribunal Constitucional (TC) y a la aprobación del anteproyecto de ley estatal de regulación de los precios del alquiler. En este sentido, ha confirmado que la ley catalana está en vigor a todos sus efectos, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

La AHC, la Agència Catalana de Consum, que se encarga de las personas jurídicas y los Ayuntamientos han tramitado desde su aprobación 460 expedientes sancionadores por el incumplimiento de la ley. La mayor parte de ellos se han detectado a través del mecanismo de inspección aleatoria de los contratos depositados en el Institut Català del Sol (Incasòl). Por otra parte, en "no más de 10 casos" ha sido el arrendatario quien ha denunciado el incumplimiento del índice de referencia de precios.