La Generalitat propone 200 despidos en la Justicia catalana

El Gobierno catalán quiere reducir la plantilla de los juzgados de Barcelona y su provincia en 201 personas. Los sindicatos califican de “indecencia” y “tomadura de pelo” estos recortes, que se suman a la decisión de la Consejería de Justicia de renunciar a las 503 plazas que le correspondían este año en la oferta de empleo público convocadas por el Ministerio de Justicia.

Crónica Global ha tenido acceso a la “Propuesta de modificación de las plantilla orgánicas del personal al servicio de la administración de Justicia de los órganos judiciales de Cataluña” que la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat ha enviado a las plataformas sindicales. En ella, figura la reducción de un total de 201 empleados de los juzgados de instrucción, de violencia doméstica, de la oficina de informática de guardia de Barcelona, de los juzgados de lo contencioso-administrativo, de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de las secciones civiles de la Audiencia provincial y de los juzgados de paz.

El argumento esgrimido por la Consejería, cuyo titular es el republicano Carles Mundó, es que las cargas de trabajo han disminuido. Por ejemplo, en los juzgados de instrucción, detalla la Generalitat, se ha pasado de un ingreso trimestral en 2015 de 124.661 asuntos en el conjunto de Cataluña a 52.321 en el primer trimestre de 2016.

Informatización y simplificación

La informatización de las oficinas judiciales, unida a la nueva normativa sobre simplificación procesal, alega el Ejecutivo catalán, avala esa “reordenación” que afecta en su mayoría a trabajadores interinos. La Generalitat asegura que esos puestos no se van a perder, sino que la reducción "debe dar paso a una reordenación que permita redimensionar los centros de trabajo con más cargas y dotar de personal a los juzgados de nueva creación".

La jurisdicción más afectada por esos recortes es precisamente la de instrucción, pues el Gobierno catalán quiere eliminar 90 de las 505 plazas existentes en la provincia de Barcelona. “Se propone hacer reducciones de plantilla en los juzgados de Badalona, Barcelona, Mataró, Sabadell y Terrassa. Concretamente, se propone una reducción del número de TPA (trabajadores dedicados a la tramitación procesal administrativa)”, indica el borrador enviado a los sindicatos. “Asimismo, se propone suprimir una plaza del cuerpo de auxilio judicial en cada juzgado de instrucción de Barcelona.

Sin embargo, los representantes sindicales no se creen esa reestructuración, pues están convencidos de que la Administración pretende amortizar esos efectivos.

Burocratización

Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) aseguran a este diario que, lejos de estar sobrados de personal, los juzgados arrastran problemas informáticos y un exceso de burocratización derivada de la implantación de la nueva oficina judicial. “Lo que pretenden es ahorrar dinero, ya que en los juzgados de instrucción de Barcelona ciudad y de los demás partidos judiciales, los trabajadores perciben ingresos extra por prestación del servicio de guardia”, explican estas fuentes.

El reglamento 1451/2005 sobre ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, establece que las comunidades autónomas con competencias determinarán las plantillas orgánicas de los órganos radicados en su territorio, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales más representativas, en este caso STAJ, CSIF, CC.OO y UGT.

Estos sindicatos califican de “indecencia y tomadura de pelo” esa “reordenación” y critican que solo se creen nuevas plazas de jueces y letrados. Auguran un otoño “calentito”.