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Manifestación en la plaza Sant Jaume para pedir la regularización del consumo del cannabis

Fumata blanca para 400 clubes de cannabis

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular las asociaciones de consumo de marihuana ya han validado las 50.000 firmas necesarias para que sea debatida en el Parlament

4 min

El Parlamento catalán dará luz verde en los próximos meses a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular las asociaciones de consumo de cannabis. El pasado 16 de marzo, los promotores de la ILP –una treintena de entidades-- validaron en el Instituto de Estadística de Cataluña las 54.980 firmas recogidas --el mínimo legal son 50.000-- para que la cámara autonómica pueda seguir adelante con la tramitación. A partir de ahora, una comisión de control parlamentaria deberá certificar las firmas. A continuación, se abre un período máximo de cuatro meses para que la ILP se someta a votación en el Pleno. Si prospera, sería la primera proposición de ley integral que regula este ámbito.

Según se indica en la exposición de motivos de esta ILP, denominada por sus impulsores 'La Rosa Verda', "el consumo de cannabis por parte de personas adultas, en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o terapéuticos es el ejercicio del derecho fundamental a la libertad que se proyecta en libertad de conciencia y la libre disposición del propio cuerpo, y también del derecho a la salud y de las personas a escoger las terapias y tratamientos que libremente escojan".

Desde que en 1991 en que se fundó en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC), reconocida como la primera asociación de consumidores de cannabis, el número de clubes no ha dejado de crecer hasta llegar a los 400 en Cataluña. Asimismo, se calcula que en esta comunidad hay 400.000 consumidores. "El modelo de asociación de consumidores de cannabis que esta ley pretende regular se ha construido desde la capacidad de afrontar retos de la sociedad civil que reclama un marco jurídico claro y un reconocimiento legal", indica la ILP.

La iniciativa recuerda el precedente del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona), que en 2012 aprobó un plan que incluía impulsar una plantación de cannabis para hacer frente a la crisis económica. Ese plan fue apoyado por la ciudadanía en una consulta popular, pero la justicia lo tumbó. El consumo de drogas está permitido en España, pero determinados clubes han sido objeto de investigaciones judiciales ante la sospecha de que ocultaban un negocio de venta de droga.

Tres tipos de asociaciones

El texto de la ILP pretende evitar esos comportamientos delictivos y distingue tres tipos de entidades. Por un lado, las asociaciones de consumidores de cannabis, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que se autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus socios, todos ellos mayores de edad, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica, reduciendo así daños sobre la salud asociados al mercado clandestino. En segundo lugar, el club social de cannabis, espacio de ámbito privado gestionado por una asociación de consumidores de cannabis, donde principalmente se lleva a cabo el consumo de cannabis por parte de sus miembros. Y, en tercer lugar, el club social de fumadores de cannabis, de ámbito privado gestionado por una asociación de personas donde principalmente se lleva a cabo el consumo mediante combustión.

El objetivo es que en 2017 se regule el consumo de marihuana en toda España. Por ello, el año pasado se constituyó la plataforma Regulación Responsable, que ha puesto en marcha una campaña pedagógica al respecto.

En Barcelona, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CDC) intentó poner coto a los clubes cannábicos de la ciudad, pero su sucesora, Ada Colau, ha paralizado es proyecto.

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