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La toma del Pazo de Meirás

Los Franco denuncian a los 19 activistas que tomaron el Pazo de Meirás

Los militantes del BNG se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y medio y los trece años de prisión por delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada

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Los Franco y la Fundación Franco han denunciado a los 19 militantes del BNG que tomaron el Pazo de Meirás durante unas horas en agosto del 2017. Con esta acción “pacífica” quisieron pedir su “reintegración” en el patrimonio gallego, ya que este Bien de Interés Cultural pertenece hoy a los descendientes del dictador.

Los denunciantes piden para los activistas penas de cárcel que oscilan entre los tres años y medio y los trece años de prisión, así como multas económicas, por los delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada. “Es el mundo al revés”, ha lamentado el dirigente nacionalista Néstor Rego, uno de los integrantes del grupo que tomó el pazo.

"Orgulloso"

Rego, que ha comparecido ante los medios acompañado de otros de los participantes en aquella acción de denuncia, ha recordado que la movilización coincidió con un día de visita pública de la instalación, duró dos horas y “todos” los activistas “abandonaron el pazo ante la Guardia Civil y de forma pacífica”. Además, se ha mostrado “orgulloso” de reactivar “el debate social y político sobre el pazo”.

En concreto, colgaron del torreón del pazo una pancarta en la que se leía: “El pazo es del pueblo gallego; franquismo, nunca más”, y una bandera gallega con la estrella roja en el centro. También desplegaron una lona encima de la balaustrada con el mensaje “Que nos devuelvan lo robado”.

Declararán en septiembre

Sin embargo, la toma del pazo les puede costar cara. Hace menos de dos semanas, los 19 activistas comenzaron a recibir notificación de la denuncia presentada ante los Juzgados de Betanzos (La Coruña) y por la que tendrán que ir a declarar a finales de septiembre. Se les atribuye un delito de violación de morada con agravante de violencia, penado con de uno a cuatro años de cárcel; y de daños en modalidad agravada (de uno a tres años).

Además, los consideran autores de un delito de odio, penado con entre uno y cuatro años de prisión, y de otro contra el honor con publicidad, al que corresponden entre seis meses y dos años de cárcel. En total, podrían enfrentarse a penas que oscilan entre los tres años y medio y los trece años cárcel. “Una barbaridad desde el punto de vista jurídico” y “lacerante para las víctimas del franquismo”, ha argumentado Rego.

Democracia "de baja calidad"

En este sentido, niega la violación de morada argumentando que la acción tuvo lugar un día de apertura pública. Además, califica de “irónico” que “una fundación que hace apología del fascismo les denuncie “por atentado contra el honor y por un delito de odio”. Con todo, Rego califica la democracia española “de muy baja calidad”, en la que “persisten las estructuras del fascismo” y en la que “se siguen persiguiendo a personas por sus ideas”.

“Esta actuación judicial y su resultado dirá mucho de la salud democrática del país”, ha dicho Rego, que ha reclamado al nuevo Ejecutivo nacional la “derogación inmediata” de leyes que “coartan las libertades públicas”, especialmente la conocida como ley mordaza, y la “puesta en libertad de las personas encarceladas por motivos políticos”.

Miranda (BNG): "Inadmisible"

Tras conocer la noticia, la eurodiputada del BNG Ana Miranda ha expresado su apoyo a las 19 personas denunciadas y ha calificado de “inadmisible” que, “además de hacer uso de un inmueble usurpado al pueblo gallego”, la familia Franco “solicite penas de prisión para estas personas”. “Que sea una fundación que realiza apología del fascismo y su familia la que presenta estos cargos es intolerable en un estado democrático”, ha dicho Miranda.