Fiscalía de Barcelona investiga presuntas irregularidades en la gestión de residuos del Covid-19

La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona ha iniciado investigaciones sobre la gestión de residuos sanitarios de protección frente al coronavirus. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fue el grupo que dio pie a estas investigaciones, ya que descubrió al menos tres vertidos de desechos presuntamente irregulares que podrían contener restos de Covid-19. Entre los materiales encontrados había mascarillas y material sanitario con rastros de sangre.

El fiscal Antoni Pelegrín se encarga de llevar a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido con estos residuos, procedentes tanto de hospitales como de residencias de ancianos. Los indicios de irregularidad se centrarían tanto en el abandono de material peligroso para la salud de los ciudadanos como en el propio transporte del mismo. 

Alerta durante la pandemia

La gestión de los restos de material de protección unipersonales ya fue foco de atención durante la pandemia. La ingente necesidad de mascarillas, guantes y demás herramientas de barrera ante contagios del coronavirus aumentó, consecuentemente, la cantidad de residuos de este tipo desechados al día. El fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, pidió a los miembros del ministerio público que extremaran la vigilancia sobre ellos.

La Fiscalía de Barcelona encargó ese cometido a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra y sus actuaciones han permitido descubrir las presuntas irregularidades. Según el Seprona, se han cometido infracciones en el transporte de los residuos sanitarios --que deberían ir en vehículos especiales, sin mezclarse con otros tipos de basuras-- y en su vertido posterior, sin ningún tipo de tratamiento específico.

Apilados al aire libre

En uno de los casos investigados, los restos de protecciones contra el Covid-19 fueron arrojados directamente en un vertedero de basura al aire libre. La norma que rige este tipo de residuos peligrosos para la salud estipula que deberían haber sido incinerados o tratados de forma especial para evitar su potencial contaminante.

Si las irregularidades denunciadas por el Seprona se confirman, los responsables de la gestión de los residuos sanitarios podrían haber incurrido en un delito contra los recursos naturales e incluso contra los derechos de los trabajadores, por haber expuesto a los operarios al contacto con los desechos contaminantes sin la protección adecuada.