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El exterior de la mina de Iberpotash en Súria (Barcelona), en una imagen de archivo / EFE

Fiscalía y ecologistas exigen a Iberpotash que pague de una vez por sus vertidos

El ministerio público y los vecinos afectados por los residuos tóxicos exigen que se cumpla la sentencia que condenó a la empresa a reparar el “desastre medioambiental” provocado

08.09.2016 00:00 h.
3 min

La fiscalía especial de delitos contra el medioambiente y el colectivo ecologista Alsina, reclaman que la empresa Iberpotash, filial de un holding israelí de productos químicos, cumpla de una vez la sentencia a la que fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona y que la obliga a reparar el "desastre ecológico provocado por la acumulación de cientos de toneladas de residuos tóxicos" en las poblaciones de Súria y Sallent, en el norte de Barcelona.

Desastre natural

La sentencia, datada en 2015, ratifica una anterior de un juzgado de lo penal de Manresa y condena a seis meses de cárcel a los directivos de la compañía y a resarcir económicamente a las decenas de vecinos de la comarca afectados por las filtraciones salinas en las cuencas fluviales que abastecían de agua a diversos pueblos. El veredicto firme de la Audiencia Provincial de Barcelona obligaba a Iberpotash a reparar, además, los perjuicios medioambientales provocados por dichos vertidos y a la reparación de los daños en el ecosistema. Esa cantidad se puede situar, según la fiscalía, en miles de millones de euros. Solo en uno de los vertederos de Sallent, la montaña de productos salinos residuales provocada por los vertidos, supera los 600 metros de altura.

Fiscalía y afectados dicen estar hartos de que trascurridos ya más de seis meses desde que se dictó la firmeza de la sentencia, los condenados no la hayan cumplido como es preceptivo. No sólo eso. En una especie de huida hacia delante, Iberpotash ha anunciando la creación de un plan director al objeto de declarar la actividad de la empresa de “interés general”. Asímismo, ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia condenatoria de Barcelona. La fiscalía recuerda que ese recurso no invalida la ejecución de la sentencia y evoca, una vez más, la gravedad del daño ecológico provocado en decenas de acuíferos arrasados por las aguas salinizadas procedentes de los residuos contaminantes de la sociedad.

El ministerio público y el colectivo de afectados Alsina piden al tribunal la inmediata paralización de los vertidos que, a día de hoy y a pesar de la sentencia, se siguen produciendo con total impunidad.

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