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Los hermanos Ruiz-Mateos (de dcha. a izda., primera fila) Zoilo, José María, Álvaro, (de dcha. a izda. segunda fila) Javier, Pablo y Alfonso, durante el juicio en el que se les acusa de presunta estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa de Paguera

La fiscalía desconfía de los Ruiz-Mateos y eleva su petición a siete años y medio de cárcel

El ministerio público les acusa de urdir un entramado dirigido a "confundir" a los vendedores de dos hoteles simulando "una cosa que no se es"

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El guion desplegado por los hijos de José María Ruiz-Mateos en torno a la gestión personalísima que el empresario ejercía al frente de Nueva Rumasa no ha desvirtuado un ápice la tesis mantenida por la Fiscalía Anticorrupción a la hora de acusarles de engañar a los vendedores de sendos hoteles de Mallorca y Gran Canaria, a quienes dejaron de abonar la mayor parte de los 11,7 millones de euros convenidos por los establecimientos.

Es más, el ministerio público ha elevado en medio año su petición de cárcel para los seis descendientes varones del fundador del holding de la abeja. Los procesados se enfrentan, cada uno, a una solicitud de siete años y medio de prisión y a una multa de 121.500 euros por aparentar una solvencia que en realidad era inexistente con el objetivo de ganarse la confianza de los propietarios de los hoteles Beverly, a quienes acabaron estafando de forma “grave y deliberada”.

Simularon "una cosa que no se es"

Para ello, urdieron un entramado dirigido a “confundir” a los vendedores simulando “una cosa que no se es”, presentando para ello garantías inveraces tanto personales como de las empresas aparentemente más rentables de Nueva Rumasa: Dhul, Clesa y Carcesa. Así lo aseveró el viernes, 26 de mayo, el fiscal anticorrupción Juan Carrau en la recta final del juicio que se celebra por estos hechos en la Audiencia Provincial de Baleares. 

Una sociedad pantalla radicada en Belice y un testaferro, en la actualidad en busca y captura, completan la estructura de la que se sirvieron tanto el propio Ruiz-Mateos –fallecido en septiembre de 2015— como sus vástagos para hacerse con la propiedad de los hoteles a finales de 2008 y aplazar el pago de más del 80% del precio.

"Maniobra para buscar financiación"

Durante su intervención, el representante del ministerio público fue tajante y subrayó, refutando con contundencia los alegatos de los acusados, que todo forma parte de una “maniobra” con la que la familia pretendía buscar de forma “desesperada” financiación para el clan y sus empresas.

En esta línea, una de las acusaciones particulares personadas en la causa tachó además de “inverosímil” la versión ofrecida por los Ruiz-Mateos durante la vista oral: los inculpados achacan a su padre la responsabilidad en las negociaciones y en cómo culminó la operación, limitando su papel a su mera firma a la hora de avalar la adquisición de los inmuebles y resaltando la figura de su progenitor como alguien que “siempre tuvo voluntad firme e inquebrantable” de cumplir con sus obligaciones de pago.

Durante el juicio, que prevé quedar visto para sentencia el próximo lunes, Zoilo, Javier, José María, Alfonso, Pablo y Álvaro no se salieron del guion. Se desvincularon continuamente de los hechos y ensalzaron el papel de su padre, quien, según los acusados, únicamente les explicó en qué consistía la compraventa y les comunicó que “confiaba plenamente en el éxito de la explotación” de los hoteles.

Momentos de tensión

También hubo momentos de crispación, sobre todo a las preguntas de los fiscales. “Le rogaría que no diga que hemos dejado de pagar”, fue una de las peticiones del segundo hermano, José María. “¿Por quién nos toma? Me está diciendo a la cara que mi padre nos decía que no pagásemos”, proclamó otro de los encausados, Álvaro.

Entre los testigos que desfilaron ante el tribunal se encontraban los propios vendedores de las acciones de los hoteles, quienes aseguraron que confiaron en los Ruiz-Mateos puesto que daban garantías de solvencia y expansión.

Los fiscales presentaron una calificación alternativa a su acusación de estafa e insolvencia punible. En caso de que el tribunal no les condene por el primero de estos delitos, el ministerio público pide que sí lo sean por el segundo, de modo que sean sentenciados a tres años de prisión y al pago de una multa de 81.000 euros.